Unos 900.000 trabajadores del campo igualarán sus derechos a los del resto de empleados

  • El sector agrario aplaude el paso al régimen general de la Seguridad Social, aprobado en el Consejo de Ministros.

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Unos 900.000 trabajadores del campo por cuenta ajena que actualmente cotizan en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (Reass) se integrarán en el Régimen General de la Seguridad Social a partir del 1 de enero de 2012, lo que supondrá que equiparán sus derechos y prestaciones al resto de trabajadores. Así lo recoge el proyecto de Ley aprobado este viernes en el Consejo de Ministros, una vez obtenidos los correspondientes informes preceptivos, entre ellos el del Consejo Económico y Social (CES).

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez destacó que la integración de los 820.000 trabajadores de media en el Régimen General de la Seguridad Social es una reivindicación "histórica" de este colectivo, que ve así equiparadas las prestaciones y derechos con el resto de los trabajadores. "El objetivo es acercar progresivamente las prestaciones", resaltó el titular de Trabajo e Inmigración, quien subrayó además que el proyecto es fruto del acuerdo alcanzado por el Gobierno y los agentes sociales.

En concreto, la pensión media de jubilación en el Régimen General asciende en la actualidad a 1.130,33 euros mensuales, prácticamente el doble que en el Agrario, con 580,87 euros al mes. Lo mismo ocurre con la pensión media por incapacidad permanente, que es de 958,13 euros mes en el Régimen General y de 500,27 euros en el agrario. En cuanto a la cotización, la base media en el Régimen General es de 1.700 euros, mientras que la base media de cotización en el Reass es de 986 euros. "Lo que hacemos de esta forma es equiparar el conjunto de las prestaciones", insistió Gómez.

El anteproyecto establece un periodo transitorio de casi veinte años (2013 a 2031) para llevar a cabo una equiparación gradual y no lesiva con las cotizaciones del Régimen General, que no perjudique la competitividad de las explotaciones agrarias. Con el mismo objetivo el texto establece beneficios en las cotizaciones, con la posibilidad de actualizar cada tres años las reducciones en materia de cotización. A partir de la entrada en vigor de la reforma, desaparecerán las bases tarifadas y los trabajadores agrarios cotizarán por su salario real, lo que les equiparará al resto de los trabajadores. El texto establece además la posibilidad de que los trabajadores agrarios por cuenta ajena contratados a tiempo parcial coticen de forma proporcional a la parte de jornada que realicen.

Según la norma, los trabajadores estarán incluidos tanto durante los períodos en que efectúen labores agrarias como durante los períodos de inactividad, siempre que realicen un mínimo de 30 jornadas reales en un período continuado de 365 días. Se establecen los supuestos en que estos trabajadores durante los periodos de inactividad pueden ser excluidos y cómo reintegrarse. En atención a la peculiaridad del trabajo en el campo se da un plazo especial de presentación de las solicitudes de alta de los trabajadores cuando no se pueda hacer antes del comienzo de la prestación de servicios, así el empresario podrá dar de alta hasta las 12 horas del día de inicio de dicha prestación.

Asimismo, el texto contempla la posibilidad de actualizar cada tres años las reducciones en la cotización establecidas en el anteproyecto de ley mediante las futuras Leyes de Presupuestos Generales del Estado, en función de la evolución del índice de precios al consumo experimentado en tales períodos de tiempo.

El sector agrario aplaude la reforma

Las Organizaciones Profesionales Agrarias y Cooperativas Agroalimentarias han aplaudido la aprobación en el Consejo de Ministros del anteproyecto de ley de integración de los trabajadores del Régimen Especial Agrario (Reass) en el Régimen General de la Seguridad Social.

El director de Servicios Jurídicos y Fiscales de Cooperativas Agro-alimentarias, José Cardona, ha valorado la aprobación de este proyecto que "supone una equiparación de derechos de los empleados asalariados del campo con el resto de trabajadores, que podrán cotizar, a partir de la entrada de la ley, por los salarios reales". Cardona ha destacado que a partir de la aprobación de esta ley se producirá "una equiparación progresiva de las cotizaciones de las empresas agrarias con el resto de compañías que cotizan en el Régimen General de la Seguridad Social".

Por su parte, fuentes de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) han mostrado su satisfacción por la medida, que supone la equiparación de los derechos y prestaciones de estos asalariados con el resto de los trabajadores por cuenta ajena e "implica un mayor nivel de protección de los trabajadores agrarios". Han valorado que se incluya un periodo transitorio para que las mejoras en la protección de los trabajadores agrarios no incidan en la viabilidad de las explotaciones y que se mantenga la doble opción de cotización por parte de los empleadores, así como el establecimiento definitivo del tipo máximo del 15,50 % en las cotizaciones por contingencias comunes.

Mientras, el responsable del Área de Relaciones Laborales de COAG, Andoni García, ha criticado la falta de participación de las organizaciones agrarias en las negociaciones previas que han propiciado la integración. García ha reclamado que "se garantice" la presencia de los representantes del sector durante su trámite parlamentario -en el actual período de sesiones- y ha reconocido que, aunque la situación actual "es difícil", el período transitorio de 20 años permite una adaptación progresiva.

Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) se ha destacado que se trata de "una medida justa para todos los trabajadores temporales del campo que estaban muy desprotegidos" y que es la Seguridad Social y no los pequeños y medianos empresarios agrarios quien asumirá la mayor parte del coste derivado de la integración. La organización agraria ha mostrado su confianza en que el Congreso de los Diputados valide el texto lo antes posible para que entre en vigor el 1 de enero de 2012 y se pueda ir aplicando progresivamente hasta 2031.

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