Caso Gürtel

Anticorrupción pide casi 8 años de cárcel para la cúpula del PPCV por la trama Gürtel

  • La Fiscalía considera a Ricardo Costa, Vicente Rambla, David Serra y Cristina Ibáñez autores de tres delitos electorales y uno de falsedad documental.

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La Fiscalía Anticorrupción acusa a la cúpula del PP de la Comunidad Valenciana entre 2007 y 2008 de varios delitos electorales y de falsedad documental durante los comicios autonómicos, locales y generales de esos años, y pide para cuatro de sus responsables penas que suman siete años y nueve meses de cárcel. El escrito de acusación de la Fiscalía se presenta ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en relación a las piezas 1, 2 y 6 del caso Gürtel, relacionadas con la supuesta financiación irregular del Partido Popular valenciano.

La Fiscalía considera a Ricardo Costa (entonces secretario general del PPCV), Vicente Rambla (ex vicepresidente del Gobierno valenciano), David Serra (ex vicesecretario del PPCV) y Cristina Ibáñez (ex gerente del PPCV) autores de tres delitos electorales (en las autonómicas y las municipales de 2007 y las generales de 2008) y de uno de falsedad documental. El fiscal pide la apertura de juicio oral, además, contra los cabecillas o trabajadores de la trama Gürtel: Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Cándido Herrero y José Ramón Blanco Balín.

También contra los empresarios Enrique Gimeno Escrig, Tomás Martínez Berna, Rafael Martínez Berna (ex presidente de la patronal alicantina), Antonio Pons Dols, Alejandro Pons Dols, Gabriel Alberto Batalla Reigada, Enrique Francisco Ortiz Selfa (imputado junto con la ex alcaldesa de Alicante en el caso Brugal), José Francisco Beviá García y Vicente Cotino Escribá (sobrino del ex presidente de Las Cortes Valencianas Juan Cotino). Se reclama asimismo el enjuiciamiento de las mercantiles Orange Market, Diseño Asimétrico, Piaf, Facsa, Grupo Vallalba, Hormigones Martínez, Padelsa, Lubasa, Enrique Ortiz e Hijos, y Ezentis (antes Sedesa).

El fiscal cree que la expansión del Grupo Correa a Valencia entre 2003 y 2005 "tenía como finalidad aprovechar las posibilidades de negocio mediante el acceso a determinadas personas que desarrollaban su actividad política en aquella comunidad, con el objetivo de conseguir una posición ventajosa en la adjudicación de contratos en actos del partido, de la Administración o entidades dependientes". "Una parte del gasto comprometido por los acusados vinculados al PPCV fue financiado por empresas directamente a Orange Market", que supuestamente facilitó facturas falsas.

La constructora Piaf, por decisión de sus consejeros Antonio y Alejandro Pons, entregó al PP 31.312 euros por estos servicios; Facsa (propiedad de Enrique Gimeno) 405.668 euros; Grupo Vallalba (Rafael y Tomás Martínez Berna) 199.520 euros; Lubasa (Gabriel Alberto Batalla) 110.200 euros; Enrique Ortiz abonó 348.115 euros; Sedesa (Vicente Cotino) 150.684 euros. En resumen, el fiscal atribuye dos delitos electorales en 2007 a cuatro políticos (Costa, Serra, Rambla e Ibáñez), seis empresarios Antonio y Alejandro Pons, Enrique Gimeno, Rafael y Tomás Martínez y Gabriel Alberto Batalla) y cuatro responsables de Gürtel (Correa, Crespo, Pérez y Herrero). También considera a todos ellos responsables de un delito electoral en 2008.

El delito de falsedad documental se atribuye a cuatro políticos (Costa, Serra, Ibáñez y Rambla) nueve empresarios (Antonio y Alejandro Pons, Enrique Gimeno, Rafael y Tomás Martínez y Gabriel Alberto Batalla, Vicente Cotino, Enrique Ortiz y José Francisco Beviá) y los cabecillas de Gürtel (Correa, Crespo, Pérez y Herrero). Por último, señala a todos los encausados relacionados con las empresas de Gürtel (los anteriores más Blanco Balín) como responsables de varios delitos contra la Hacienda Pública.

Para Ricardo Costa, Vicente Rambla, Cristina Ibáñez y David Serra el fiscal pide 7 años y 9 meses de prisión (6 meses y 650 euros de multa para Yolanda García) y multas que ascienden a 6.600 euros. A los empresarios Antonio y Alejandro Pons, Enrique Gimeno, Rafael y Tomás Martínez, Gabriel Batalla, José Francisco Beviá, Enrique Ortiz y Vicente Cotino les reclama tres años de prisión y una multa de 960 euros por falsedad documental y a todos ellos, salvo Beviá, Ortiz y Cotino, también les pide otros tres años y 3.900 euros de multa por delitos electorales.

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