'caso gürtel'

Anticorrupción pide una investigación conjunta de la financiación del PPCV y el cohecho impropio

  • La Fiscalía considera competente al TSJV para llevar ambos casos de forma paralela. Entre los imputados por cohecho hay miembros del Gobierno valenciano, entre ellos Camps.

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La Fiscalía Anticorrupción considera que el Tribunal Superior de Justicia valenciano es competente para investigar una supuesta trama de financiación irregular del PPCV relacionada con la red Gürtel, que se debería unir a la causa por cohecho impropio que afecta a miembros del Gobierno autonómico.

En sus alegaciones a la inhibición planteada al respecto por el Tribunal Superior de Justicia madrileño, estima que, por razones de aforamiento, el Tribunal valenciano debe investigar, entre otros, al vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, y al diputado autonómico Ricardo Costa por un supuesto delito electoral vinculado a los comicios autonómicos de 2007 y generales de 2008. También considera que podría haber delitos contra la Administración Pública, en los que podría haber participado la presidenta de Les Corts Valencianes, Milagrosa Martínez, y el exdirector de Radiotelevisión Valenciana Pedro García.

Según la Fiscalía Anticorrupción, la competencia del Tribunal valenciano debería "extenderse" a las personas no aforadas que participan en estos posibles delitos, entre las que figuran los principales cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez. Además es favorable a la "valoración conjunta" de esta causa y la de posible cohecho impropio por el regalo de prendas de vestir a miembros del PP de la Comunitat Valenciana (PPCV) y del Gobierno valenciano, en la que figura como imputado el president de la Generalitat, Francisco Camps, entre otros.

Según menciona el escrito de alegaciones de la Fiscalía, ambas investigaciones "se incluyen dentro de una misma estrategia consistente, básicamente, en la entrega de dádivas a cargos públicos al objeto de conseguir un trato a favor en la contratación pública". Respecto a los delitos electorales de 2007 y 2008, Anticorrupción señala que se habrían cometido "con motivo del pago de los servicios prestados por la empresa Orange Market, filial valenciana de la trama Gürtel,  al Partido Popular de la Comunitat Valenciana durante la campaña electoral" celebrada en mayo de ese año. El pago se hizo supuestamente, por "personas distintas al verdadero deudor" y por el PPCV "con fondos opacos por un importe de 2.565.891,01 euros".

Estos abonos "no habrían sido reflejados en las cuentas formuladas por el PPCV, ocasionando así la disminución de las partidas contables sancionada" por la Ley Electoral. Los implicados en este delito serían los diputados populares Ricardo Costa (ex-secretario general del PPCV), David Serra, (vicesecretario de Organización), Yolanda García (tesorera) y Vicente Rambla, actual vicepresidente primero del Gobierno valenciano; el extesorero del PP Luis Bárcenas y la exgerente del PP valenciano Cristina Ibáñez. Estarían implicados igualmente dirigentes de la trama Gürtel Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Cándido Herrero, José Luis Izquierdo y Mónica Magariños.

En el delito electoral de 2008, habrían participado también los gestores de las empresas Enrique Ortiz e Hijos -vinculada también al caso Brugal-, PIAF, Lubasa y sociedades del grupo Sedesa, propiedad de la familia del vicepresidente tercero del Gobierno valenciano, Juan Cotino.

Uno de los delitos contra la Administración Pública está relacionado con la contratación irregular de Orange Market para diferentes servicios en el pabellón de la Comunitat Valenciana en la feria de turismo Fitur entre 2005 y 2009, y el principal implicado sería el exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret. Además, señala que, en las contrataciones de los años 2005 y 2006, debería investigarse la participación de la entonces consellera de Turismo y actual presidenta de Les Corts, Milagrosa Martínez.

Respecto a la acumulación de la causa por cohecho y la trama de financiación, la Fiscalía entiende que "no se trata tanto de la conexidad delictiva, sino de que la propia calificación jurídico penal de la contratación pública determina la calificación jurídico penal de la percepción de prendas de vestir". Según Anticorrupción, la "conexión" entre las adjudicaciones de Radiotelevisión Valenciana durante la visita del Papa a Valencia en julio de 2006 y la causa de cohecho "resulta igualmente ineludible", ya que el ex director general de RTVV Pedro García también recibió regalos de la trama como "contraprestación" a las mismas.

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