España

La Audiencia Nacional lleva al Constitucional la ley de tasas judiciales

  • La Sala de lo Contencioso Administrativo considera que el pago de las tasas puede condicionar el acceso de los ciudadanos a los tribunales y afectar a la tutela judicial efectiva, que es un derecho constitucional.

La Audiencia Nacional ha planteado ante el Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley de tasas judiciales en la que consulta al alto tribunal sobre si esta norma vulnera la ley fundamental. En un auto, la sección séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional considera que el pago de las tasas puede condicionar el acceso de los ciudadanos a los tribunales y afectar a la tutela judicial efectiva, que es un derecho constitucional. El tribunal responde así al recurso contencioso-administrativo interpuesto el pasado 8 de abril y a la formalización de la demanda del 26 de abril por parte de la mercantil Préstamos y Javaloyes contra la modificación de la Ley de Tasas, en el que pide a la Audiencia Nacional que plantee cuestión de inconstitucionalidad por presunta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

La exigencia de una tasa, dentro de ciertos límites y procedimientos y circunstancias, "es perfectamente constitucional", explica el tribunal, "lo que puede no ser constitucional, es que el pago de dicha tasa, condicione: primero, la posibilidad de acceder a la jurisdicción; y segundo la posibilidad de obtener la tutela judicial". En este sentido, indica que "las consecuencias de la falta de pago de las mismas sí pueden constituir trabas que resulten innecesarias, excesivas y que carezcan de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador".

Pese a que el Gobierno aprobó en marzo un real decreto ley que modificó algunos aspectos de la ley de tasas tras un acuerdo alcanzado con la defensora del pueblo, Soledad Becerril, el tribunal entiende que la ley de tasas puede quebrantar los artículos 24.1; 14; 9.2 y 31.1 de la Constitución Española. La sala justifica esta afirmación al señalar que si bien la finalidad de la ley puede ser "lícita", por cuanto supone sufragar el coste de la administración, el coste de las tasas puede rebasar ciertos límites que obstaculicen el acceso de los ciudadanos a la justicia, lo que podría ser inconstitucional.

La Audiencia Nacional duda, además, de que la norma tenga en cuenta la proporcionalidad necesaria para conseguir financiar el servicio público de la justicia, en referencia a una posible vulneración de principios de igualdad, equidad y Justicia. Asimismo, el auto, que afecta al orden contencioso-administrativo, recuerda que en algunos casos las tasas pueden suponer un gravamen igual o mayor que el propio contenido del acto administrativo, constituyendo "un impedimento innecesario y no justificado para poder acceder a obtener la tutela judicial efectiva".

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