El Congreso de los Diputados aprobó la polémica reforma de la Ley de Extranjería, que aumenta de actualmente 40 a un máximo de 60 los días que un inmigrante ilegal puede estar detenido mientras se tramita su expulsión del país, algo que los detractores de la ley consideran inadmisible.

La reforma salió adelante con los votos del PSOE, que fue apoyado por los diputados del PNV, Coalición Canaria (CC) y CiU. En contra votaron el Partido Popular, así como varios partidos de izquierda y UPyD.

A partir de la aprobación de la ley, que ahora pasará al Senado, los centros de internamiento de inmigrantes podrán retenerlos hasta un plazo máximo de 60 días, en lugar de los 40 días actuales. Este punto ha sido duramente criticado tanto por Amnistía Internacional (AI) como por organizaciones de inmigrantes, que habían solicitado el cierre de los llamados Centros de Internamiento de Extranjeros, además de reclamar la regularización de los inmigrantes sin papeles, independientemente de si tienen un contrato de trabajo o no.

La reforma también endurece los requisitos para el reagrupamiento familiar, que queda limitado a los hijos menores de 18 años o mayores con discapacidad, y a los padres del reagrupante y su cónyuge "cuando están a su cargo, sean mayores de 65 años y existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España".

La nueva ley además permite a las distintas comunidades autónomas, así como a organizaciones no gubernamentales y a entidades privadas, asumir la tutela de los menores extranjeros no acompañados que lleguen a España.

El PP anunció que anulará la reforma si vuelve al poder, al considerar que no servirá para frenar las "avalanchas" de inmigrantes en situación irregular. A su juicio, se trata de una mera reforma cosmética, que desaprovecha la ocasión de cambiar el actual modelo migratorio, responsable de que España se haya convertido en el "coladero" de ilegales de la Unión Europea (UE) y en territorio propicio para las mafias.

Para los colectivos de inmigrantes, que protestaron contra la nueva normativa con una marcha de unos 700 kilómetros de Barcelona a Madrid, la reforma promovida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero es discriminatoria, considera al extranjero como mero instrumento de trabajo y criminaliza a los indocumentados.

La polémica reforma, que supuso un giro en la política migratoria del Gobierno socialista, fue aprobada por el Ejecutivo en junio pasado. Sus detractores acusan al gobierno de querer endurecer las leyes de inmigración debido a la grave crisis económica que atraviesa España.

Según los datos más recientes, España tiene actualmente unos 46,7 millones de habitantes, de los que 5,6 millones (un 12 por ciento) son inmigrantes. Entre los extranjeros procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea (UE), los ciudadanos marroquíes son los más numerosos (710.000), seguidos de los ecuatorianos (414.000) y los colombianos (293.000). Entre los inmigrantes europeos, el mayor colectivo lo forman los rumanos (797.000), seguidos por los británicos (375.000) y los alemanes (190.000).