La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que instruye el caso Palma Arena, José Castro, que investigue la compra de la sede regional del PP en Palma, en el marco de unas actuaciones que lleva a cabo el magistrado sobre la presunta financiación irregular del partido. Castro ha recibido una denuncia en la que la Fiscalía aporta nuevos datos para la investigación que el juez desarrolla sobre la financiación del PP en el caso Palma Arena, obtenidos a partir de unas diligencias previas abiertas por Anticorrupción, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares en un comunicado.

Los nuevos datos proceden de la investigación del presunto amaño en la concesión de la construcción del hospital de Son Espases y también en parte de la comisión parlamentaria que investiga todo lo relacionado con la adjudicación y ejecución de las obras del centro sanitario, han informado fuentes jurídicas. Entre la documentación adicional entregada a Castro por el fiscal del caso, Pedro Horrach, figura una declaración tomada el verano pasado al ex concejal de Urbanismo de Palma Javier Rodrigo de Santos, varias facturas del PP, así como la comparecencia realizada por el ex tesorero del PP Luis Bárcenas ante la comisión parlamentaria de Son Espases.

En la declaración por videoconferencia el pasado 22 de enero ante la cámara balear, Bárcenas se refirió a la financiación de la sede del PP balear y detalló que desde el partido nacional "se pidieron aportaciones a una serie de empresarios" y varios las realizaron. "Creo que entre ellos había uno pontevedrés, Antonio Pinal, que contribuyó entre otros empresarios en echar una mano para comprar esa sede", dijo Bárcenas. El ex tesorero negó que hubiera relación entre esas aportaciones de empresarios y adjudicaciones públicas. Según Bárcenas, ese mismo empresario también colaboró para que el PP pudiera comprar "la sede del partido en el País Vasco y esas aportaciones no tenían carácter finalista y, además, por las cuantías es imposible" que lo tuvieran.

Anteriormente, el día 14 de enero, Rodrigo de Santos ya había declarado ante el Parlamento balear que dicho empresario realizó aportaciones para la sede del PP. La investigación por presunta financiación irregular se centraría en posibles adjudicaciones a la empresa de Pinal, Bruesa, coincidentes con las donaciones realizadas al partido.

En el marco del caso Palma Arena, Castro ya tomó declaración en 2010 a un constructor que participó tanto en las obras de reforma de la sede del PP como del palacete de Jaume Matas. El caso Palma Arena se dividió en 27 piezas separadas, de las que 19 están todavía en fase de instrucción, según informó recientemente el juez Castro, quien ha solicitado poder continuar las investigaciones pendientes hasta terminarlas después de su jubilación forzosa, que tendrá lugar cuando cumpla 70 años el próximo diciembre. Entre las piezas que aún están en fase de instrucción, dos de ellas indagan la presunta financiación irregular del PP que serían la 4 y la 27 (el llamado caso Over).