Hacinamiento en las prisiones Sevilla acaba de suscribir un convenio para los trabajos comunitarios

Las cárceles se quedan pequeñas

  • Los centros penitenciarios están saturados y la construcción de nuevas prisiones parece ineludible puesto que su alternativa, los trabajos en beneficio de la comunidad, tiene enfrente el rechazo social

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Más condenas con trabajos en beneficio de la comunidad. Esto es lo que sugirió la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo como medida para hacer frente a la saturación existente en las cárceles españolas.

Sin embargo, este tipo de condenas son difíciles de llevar a cabo. Los jueces consideran que son difíciles de aplicar, Instituciones Penitenciarias ofrece pocas plazas y, por lo general, no están bien vistas por la sociedad, que prefiere que los culpables cumplan sus condenas en prisiones convencionales.

Las penas con trabajos en beneficio de la comunidad se legalizaron como alternativa a la prisión en la reforma del Código Penal de 1995 siendo ministro de Justicia Juan Alberto Belloch y sin embargo, a día de hoy, trece años después, son todavía "muy pocas" las condenas de este tipo que se imponen, según explican fuentes de Instituciones Penitenciarias.

La disponibilidad de plazas para hacer trabajos comunitarios depende de los convenios que Instituciones Penitenciarias firme con los ayuntamientos, ONG o las plazas que habiliten para ello en sus propios centros penitenciarios. El ministerio del Interior dispone de un convenio con la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) para que los Ayuntamientos habiliten plazas donde los culpables puedan cumplir sus penas. Sin embargo, estos convenios son voluntarios y por lo tanto los consistorios van sumándose poco a poco. Prueba de ello es que un Ayuntamiento de una gran ciudad como Sevilla acaba de suscribir el convenio esta misma semana.

Desde Instituciones Penitenciarias admiten que es necesario que las administraciones "conciencien" de la necesidad de habilitar estas plazas. En la actualidad están trabajando en nuevos convenios con Protección Civil o la Dirección General de Tráfico.

Sin embargo, como admitió la propia Mercedes Gallizo durante su intervención en el Congreso de los Diputados, las penas alternativas no son la única solución para la saturación de presos en las cárceles y construir nuevos centros es una tarea ineludible. Algo que recuerdan los funcionarios de prisiones. El sindicato de prisiones Acaip lo tiene muy claro: no se puede quitar importancia a la necesidad de construir nuevas cárceles y presentar las penas alternativas como la solución al "hacinamiento" en las prisiones. "La sociedad no quiere condenas a trabajos en beneficio de la comunidad, la gente quiere que los delincuentes estén entre rejas. Además, hay que solucionar el actual problema de "hacinamiento en nuestras cárceles", asegura un funcionario de la Comunidad Valenciana.

A pesar de los esfuerzos de la Administración por preparar nuevas vacantes, son los jueces los únicos que pueden imponer estas penas y el principal motivo que les hace reticentes a imponerlas es que son "difíciles de ejecutar".

A diferencia de las multas o el ingreso en prisión, delitos en los que cuando el juez se cerciora de que el condenado ha cumplido con su pena se desentiende después, en el caso de los trabajos en beneficio de la comunidad el juez es la persona que tiene que vigilar -aunque intervienen también los funcionarios de los Servios Sociales Penitenciarios- que el culpable acude diariamente a su trabajo y, en el caso de que haya algún problema en el cumplimiento, se tiene que poner en marcha todo el aparato judicial, lo que resulta muy "burocrático", según explica el portavoz de la Jueces para la Democracia y magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, Miguel Ángel Gimeno.

Por otro lado, Gimeno explica que los jueces no pueden inventarse estas penas sino que ellos se limitan a aplicar las que estipula el Código Penal y solicita a los legisladores que incluyan este tipo penal como sustitutivo a las penas de prisión.

Finalmente, el magistrado explica que para que "este tipo de penas realmente funcione tendría que haber más ofertas, ofrecer diversas posibilidades que se ajustaran a la necesidad educadora de cada delincuente" y que una persona condenada por conducir a demasiada velocidad pueda trabajar en un hospital y no estar vigilando el monte para prevenir incendios, que no guarda relación con la naturaleza de su delito.

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