Admiten a trámite una demanda contra la delegada de Educación

  • El juez fija juicio para el próximo 16 de septiembre por unos hechos referidos a un caso de su etapa como abogada en 2009

El Juzgado de Primera Instancia número 9 de Málaga ha admitido a trámite una demanda civil presentada por unos antiguos clientes de la actual delegada provincial de Educación de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Alba, durante su etapa de abogada anterior al cargo público que ostenta desde 2012 y a la que acusan de haberse quedado presuntamente con 2.200 euros que le entregaron hace unos cinco años como provisión de fondo para iniciar un procedimiento judicial del que según denuncian finalmente no se encargó.

El juez, en un decreto notificado ayer, fija para el próximo 16 de septiembre el juicio por unos hechos que se remontan a finales de 2009, aunque se recuerda a las partes la posibilidad de recurrir a una negociación para intentar solucionar el conflicto sin tener que llegar a tal extremo. Los demandantes le reclaman a la abogada la devolución de 1.879,84 euros, una vez calculado lo que entienden que les correspondería pagar en concepto de honorarios por las dos reuniones mantenidas.

La demanda civil por presunto enriquecimiento injustificado, presentada el pasado 29 de enero y a la que tuvo este periódico, se refiere a unos hechos ocurridos supuestamente cuando Alba aún no era delegada provincial del Gobierno autonómico y trabajaba como letrada en un despacho en Alhaurín de la Torre. El encargo que recibió de los ahora demandantes, un matrimonio vecino de ese mismo municipio, era relativo a una reclamación judicial que querían emprender contra unos vecinos por haberse supuestamente apropiado indebidamente de una parte de su parcela.

Según consta en el documento, la pareja se puso en contacto con la abogada para encomendarle profesionalmente la reclamación judicial que querían emprender y en otoño de 2009 se produjo la primera reunión entre los ahora demandantes y demandada, en la que ésta les requirió que encargaran un informe pericial para determinar la diferencia entre la realidad catastral y la realidad física de las parcelas en conflicto.

Una vez que dispusieron del informe, la demanda añade que volvieron a reunirse y en esta ocasión supuestamente la letrada les dijo que era necesario iniciar acciones judiciales para recuperar la parte de la parcela que les correspondía por derecho. Fue en esa reunión cuando, según los demandantes, Alba les manifestó verbalmente que el total del procedimiento les costaría 4.400 euros y que debían abonar la mitad antes del inicio del mismo como provisión de fondos.

La demandante mantiene que abonó la cantidad requerida por la abogada el 14 de diciembre de 2009 y que como único documento la secretaria de ésta le entregó un recibo numerado con el sello del despacho donde trabajaba.

Además, la demanda presentada contra la letrada añade que los clientes les entregaron toda la documentación referida a la parcela y un poder para pleitos que formalizaron el 27 de enero de 2010 en una notaría de Alhaurín.

Pero los demandantes ponen de manifiesto en su reclamación que sólo tuvieron una conversación telefónica posterior en la que la abogada les dijo que el procedimiento estaba en marcha, ya que supuestamente la siguiente vez en la que pudieron ponerse en contacto con ella en octubre de 2013 ya no trabajaba en el despacho de abogados al haber sido nombrada delegada provincial de Educación.

Además, en la demanda se recoge que se ha intentado llegar a un acuerdo amistoso con la abogada en estos años y que incluso hubo una sesión de mediación en el Colegio de Abogados el pasado 14 de julio en la que presuntamente aportó una documentación sobre el procedimiento del que aseguró que no se inició porque no era viable. Este periódico se puso en contacto con Alba el pasado 30 de enero para conocer su versión de los hechos, si bien ésta declinó hacer valoración alguna al tratarse de "un asunto de mi vida privada y personal" y advirtió que tomaría medidas si el caso llegaba a trascender públicamente.

La resolución judicial fija un plazo de cinco días para interponer un recurso de reposición.

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