El dueño de Aifos niega pagos a Roca por asesoramiento urbanístico para construir

  • La investigación relaciona a la constructora con el abono de más de 4,8 millones de euros al presunto cerebro de la trama

El máximo accionista de la promotora Aifos, Jesús Ruiz Casado, ha negado tajantemente haber pagado cantidad alguna de dinero ni él ni su empresa al presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca, para asesoramiento urbanístico, algo que sí admitió el principal acusado en el caso 'Malaya' en su declaración ante el Tribunal.

Ruiz Casado, al que la Fiscalía acusa de cohecho y de fraude, ha comenzado a declarar este martes en el último bloque del juicio. Sobre Aifos, Roca admitió que recibió pagos, a través del director comercial de la empresa, Francisco García Lebrón, también acusado, para asesorar en el convenio del hotel Guadalpín Banús, que no suponía su aprobación, pero sí hacer un documento "asumible".

"Ni Aifos ha contratado al señor Roca ni me consta dentro de la documentación de la empresa nada que haga referencia a ningún tipo de asesoramiento del señor Roca", ha asegurado el dueño de la promotora, quien ha apuntado, en este sentido, que considera que el principal acusado "se equivoca" cuando atribuye a la empresa algunas de las anotaciones de pagos.

Así, respecto a Aifos, ha explicado que en esas anotaciones de supuestos pagos de empresarios, incluidas en archivos informáticos intervenidos, hay cantidades "que se corresponden con pagos realizados a través de instrumentos financieros al Ayuntamiento de Marbella" y otras que "se corresponden a patrocinios que hemos realizado al Consistorio".

Ha insistido en que "no hemos abonado ninguna cantidad al señor Roca" y ha indicado que en un informe pericial aportado por su defensa está "todo perfectamente explicado", tanto las salidas como las entradas de dinero, además de las facturas de los patrocinios. Según la Fiscalía, de 2004 a 2006 se contabilizan pagos a Roca por importe de más de 4,8 millones de euros.

Asimismo, Ruiz Casado ha asegurado que él no participó en ninguna negociación de convenios con el Ayuntamiento marbellí y que sus técnicos estaban en contra de firmarlos, porque eran "absolutamente innecesarios", pero, según le dijo el director comercial, fue "una imposición del Ayuntamiento a través del señor Roca" y su único fin "fue recaudatorio".

Respecto al de Guadalpín Banús, ha indicado que no fue firmado para legalizar un exceso de edificabilidad "porque no se construyó un exceso de obra", apuntando que "si se miran los metros construidos, se podrá comprobar que los técnicos del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía hicieron las mediciones que los técnicos de Aifos decían que eran las correctas".

Ha señalado que las cantidades reflejadas en los convenios "se abonaron", apuntando que en el concurso mercantil en el que está inmerso la empresa "el Ayuntamiento de Marbella nos está reclamando las cantidades que se han abonado de este convenio" y también lo pendiente del referido al Guadalpín Village, a pesar de, según ha insistido, no tienen "ninguna utilidad".

Este acusado ha dicho que no se negaron a firmar los convenios porque "tuvimos una muy mala experiencia con el anterior hotel, el Guadalpín Marbella, en el que nos hicieron un cambio de criterio en el cómputo de los metros y nos obligaron a firmar un convenio en el que tuvimos que aportar al Ayuntamiento parte de una deuda que tenían con nosotros y dos millones de euros".

"No queríamos volver a repetir experiencias de enfrentamiento", ha asegurado Ruiz Casado, que seguirá este miércoles contestando a las partes y que no ha querido ratificar las declaraciones realizadas durante la instrucción, que, según ha dicho, hizo "con el único objetivo de no entrar en prisión", diciendo "lo que el señor García Lebrón creía que había declarado para no entrar en la cárcel".

Otro empresario que ha comparecido este martes ha sido Francisco Zambrana, quien ha negado que entregara dinero "ni al señor Roca ni a nadie" para colaborar con la campaña electoral de 2003, lo que apuntó el principal acusado en su declaración. Ha asegurado que pagó al Ayuntamiento, "no a Roca", a quien no lo conocía en ese momento, en relación con un convenio que se modificó en varias ocasiones.

Al respecto, ha dicho que "no me ha servido para nada". "No tengo licencia, tengo que pagar el IBI o si no lo pago me embarga y el Ayuntamiento me debe 6,5 millones de euros", ha apuntado el acusado, insistiendo en que "se está apropiando de mi dinero el Ayuntamiento". Ha apuntado que "no he llegado a construir ni por asomo lo que yo tenía cuando compré la urbanización de acuerdo al plan del 86".

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