El Juzgado de Instrucción número 1 de Torremolinos ha resuelto el sobreseimiento libre y archivo de otra de las piezas separadas en que fue dividida la denuncia de la Plataforma de Defensa de la Salud y de la Sierra (PDSS) y la empresa minera Badomar S. L. contra el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, concejales, ex concejales, antiguos cargos públicos de la Junta de Andalucía, técnicos y las propias empresas extractivas. Se les acusaba como supuestos autores de delitos contra la ordenación del territorio, ecológicos y medioambientales, prevaricación y omisión de perseguir delitos, según informa el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre en un comunicado.

Se trata, según precisa, de la cuarta parte de las siete en que dicho Juzgado decidió en 2006 dividir el macroproceso de las canteras iniciado cinco años antes a instancia de la PDSS y que afectaba a una veintena de personas, desde el actual regidor hasta un ex alcalde, concejales de anteriores mandatos, dirigentes de la Delegación Provincial de la Junta, incluyendo al ex delegado, Juan Ignacio Trillo y a dos directores generales; técnicos municipales y autonómicos, y las distintas sociedades mercantiles que explotaban las plantas.

En este caso, se trata de la empresa Áridos y Reforestaciones, del grupo Sánchez Domínguez, SA (Sando), propietaria de la ya cerrada cantera El Troconal, y el archivo ya venía recomendado desde 2008 por la propia Fiscalía de Medio Ambiente.

El juez se basa en el dictamen reflejado en el informe del fiscal donde se indica, según apuntan desde el Consistorio, "la casi nula existencia de indicios de criminalidad; el inexistente perjuicio ecológico para la sierra; el mínimo riesgo para la salud; el que la falta de licencia de apertura supone un trámite administrativo subsanable y no penal, y la falta de indicios para formular acusación en ninguno de los delitos".

Señala el comunicado que "tras el estudio a fondo de la causa y sus partes, analizado en detalle las pruebas y documentos del sumario, la Fiscalía estima que el conflicto no tiene resolución por vía penal y sí, llegado el caso, por la administrativa".

Por otro lado, precisa que en esta misma línea se argumentó el archivo anterior de las otras tres piezas: la de Aripresa -julio de 2007-, la de Nicanor Retamero -enero de 2008- y la de Áridos Alhaurín SA -febrero de 2008-. Quedan otras tres por juzgar, aunque desde el ayuntamiento confían en que tengan el mismo final.