El presidente de la Audiencia de Málaga, Francisco Javier Arroyo Fiestas, sugirió ayer que la flexibilidad del tribunal del caso Malaya para admitir pruebas en todo momento está provocando que la duración de la vista oral sea "insostenible" "desde el punto de vista organizativo". La magnitud de este juicio, que sienta en el banquillo a 95 personas por su posible implicación con la corrupción política y urbanística en Marbella, obligó a crear un segundo tribunal en la Sección Primera moviendo de sus puestos a magistrados de otras secciones, que a su vez fueron sustituidos provisionalmente por jueces de la provincia. En definitiva se reagruparon los escasos recursos humanos existentes "desatendiendo otras necesidades" en la creencia de que el juicio duraría más de un año.

Sin embargo, desde que la vista del caso Malaya arrancó con el debate de las cuestiones previas han transcurrido siete meses. Hasta ahora únicamente se ha visto completo el bloque denominado Crucero Banús, un pequeño fleco de este sumario, y han declarado apenas una decena de los 150 testigos propuestos para la actual fase relativa al blanqueo de capitales. Queda un segundo bloque también referido al lavado de dinero de supuesto origen delictivo, además del referido a los cohechos por los que están procesados los concejales del último equipo de gobierno del GIL y un nutrido grupo de promotores inmobiliarios y alguna cuestión menor. A este ritmo, evidentemente, considerar que el juicio por Malaya pueda durar un año no es un pronóstico optimista, es simplemente un imposible. El presidente de la Audiencia subrayó que "sería deseable que el procedimiento se activara".

Francisco Javier Arroyo Fiestas, a preguntas de los periodistas, recalcó la independencia del tribunal para dirigir el juicio, si bien, en términos generales, indicó que para que una vista oral avance con agilidad es necesario "acelerar los interrogatorios", "centrarse en las pruebas importantes" y "renunciar a las innecesarias" y lograr un alto grado de coordinación entre la Fiscalía y las defensas.

Las dificultades para celebrar un macrojuicio de estas características condujeron al tribunal del caso Malaya, que preside el magistrado José Godino, a comprometerse a ser muy generoso en la admisión de pruebas. A condición las defensas deberían hacer posible la vista oral sin renuncias inesperadas que provocaran suspensiones imprevistas. Hasta ahora las dos partes han cumplido. La flexibilidad para aceptar pruebas prácticamente están convirtiendo la vista oral en una segunda instrucción de la causa, según apuntan fuentes judiciales, pero lo cierto también es que ningún abogado ha obligado a suspender el juicio y que incluso los cambios de letrado se están resolviendo sin peticiones en este sentido.

Estas reglas no escritas, sin embargo, también han dado lugar a situaciones controvertidas como la ocurrida durante la última sesión judicial celebrada el pasado miércoles. Esa mañana el tribunal rechazó una prueba que hacía sólo dos semanas que había admitido. Se trataba de unas escuchas telefónicas practicadas al comisario que dirigía la Udyco en la época en la que investigaba el caso Malaya. Esas escuchas, autorizadas en otro procedimiento, fueron finalmente declaradas ilegales por el Tribunal Supremo.

La defensa de Roca las aportó directamente, sin solicitar requerimiento al órgano judicial competente, y la sala no le puso pegas. El miércoles cuando comprobó que habían sido declaradas ilegales las rechazo ante la protesta generalizada de los abogados, que han anunciado potenciales recursos de casación ante el Tribunal Supremo.