Astilleros Nereo está dispuesto a pelear por no perder la concesión que tiene concedida por el Ministerio de Medio Ambiente desde 1970 y ha impugnado ante la Audiencia Nacional la orden ministerial dictada el 3 de octubre del año pasado que ordenaba a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar el inicio de su rescate el pasado mes de noviembre.

La familia Sánchez Guitard, que dispone de hace décadas con autorización para la ocupación de una parcela de 1.175 metros cuadrados en el dominio público marítimo-terrestre y que caduca en 2018, ha recurrido de nuevo a los tribunales para defender lo que considera "una injusticia" y advierte que llegará hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos si la Audiencia Nacional no resuelve de forma favorable.

El Ministerio de Medio Ambiente inició el pasado mes de noviembre el procedimiento para el rescate de la concesión de Astilleros Nereo con el fin de liberar el espacio que ocupa actualmente y en el que se plantea la construcción de un nuevo tramo de paseo marítimo según el plan especial que se acordó con el Ayuntamiento de la Málaga en 2010.

Pero los actuales concesionarios también ha presentado alegaciones contra esta decisión por entender que "existen causas más que sobradas para revisarla al entender que ha cambiado la situación". Del mismo modo, Alfonso Sánchez Guitard, el coordinador del taller del Astillero Museo Nereo, ha presentado un recurso de revisión ante el Ministerio de Medio Ambiente sobre la orden ministerial que aprobó el proyecto de regeneración de la zona en 2010 y por la que fueron declarados de utilidad pública los terrenos sobre los que se asientan estas emblemáticas instalaciones.

En el documento, al que ha tenido acceso este periódico, se insiste en que los terrenos a los que afecta la citada concesión no podrán ser enajenados ni afectados a otras finalidades de uso o servicio público en tanto en cuanto no se actualice el deslinde de la zona, por lo que se solicita la suspensión de la orden de incoación del rescate.

Además, se defiende la catalogación de interés histórico-cultural de las instalaciones y se recuerda que la concesión fue autorizada por el entonces Ministerio de Obras Públicas al amparo de la Ley de Puertos, por lo que se añade que la declaración e utilidad pública "corresponderá al departamento ministerial concedente".

Según la providencia de incoación de rescate de la Dirección General de Costas, fechada el 18 de noviembre de 2014, la decisión se basa en la necesidad de disponer de estos terrenos aludiendo a su utilidad pública para poder llevar a cabo el citado plan de regeneración del entorno para lo que se ofreció a los concesionarios retranquear parcial o totalmente el astillero y ubicarlo en una parcela situada a unos 30 metros de la actual. Pero Astilleros Nereo no está dispuesto a cambiarse de ubicación ni a aceptar la compensación económica prevista por el rescate porque apenas supera los 8.500 euros.

Costas argumenta que la decisión está corroborada por el fallo judicial de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que en 2013 desestimó el recurso presentado por la Asociación de Vecinos de los Baños del Carmen de Málaga contra el proyecto de regeneración de playa y parque marítimo previsto en la zona.