Cabriolas y equilibrios del día después

  • La gestora que asumió las riendas del Ayuntamiento de Marbella tras disolverse la corporación encontró las arcas municipales vacías, más empleados de los que podía pagar y unas 18.000 viviendas ilegales

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Marbella tenía unos gastos mensuales de 13 millones, pero sus ingresos corrientes sólo eran de 300.000 euros. Este fue el panorama que se encontró Diego Martín Reyes el día que puso el pie en el Ayuntamiento de Marbella. Acababa de ser nombrado presidente de la gestora, el equipo designado para llevar las riendas del municipio después de que fueran detenidos los miembros de su gobierno y, seguidamente, disuelta la Corporación. Era 21 de abril de 2006 y su primera preocupación, cuenta ahora, fue cómo afrontar el pago de las nóminas de aquel mes.

Martín Reyes recuerda que llegó a una ciudad desmoralizada que los miraba expectante. El Ayuntamiento era una maquinaria aparatosa que sólo en salarios consumía el 70% de sus recursos. El gilismo había impuesto un sistema que pasaba por confeccionar los presupuestos municipales sobre bases falsas, con ingresos que todo el mundo sabía que no se iban a recaudar y sin incluir gastos que sí se sabían que se iban a producir. Hacía años que no se pagaban las cuotas a la Seguridad Social ni el IRPF retenido.

Esa artificiosa contabilidad movía al personal vinculado al Ayuntamiento entre la alerta y el recelo. "Los funcionarios que ocupaban los segundos escalones nos miraban con esperanzas, eran profesionales aunque quizás estaban un poco avergonzados por lo que había ocurrido pero fueron muy colaboradores". Sin embargo, aquellos que ocupaban los primeros escalafones y los trabajadores de confianza sí tenían otra actitud. A modo de ejemplo, Martín Reyes subraya que el secretario y el interventor "percibían 2.000 euros mensuales en concepto de vivienda a pesar de que hacía 15 años que residían en Marbella".

"Echamos a todos los cargos de confianza, se cerró La Tribuna [el periódico del gilismo], el tesorero se acababa de jubilar, la labor del interventor había sido censurada por el Tribunal de Cuentas y el secretario municipal estaba imputado". Los sindicatos "formales", precisa en alusión a CCOO, UGT y CSIF se mostraron también conciliadores cuando se establecieron bolsas de empleo para contratar mediante concursos competitivos basados en el mérito y la capacidad, aunque no tanto otras organizaciones sindicales "de ocasión". El presidente de la gestora también resalta la colaboración cabal que prestaban las organizaciones empresariales en un momento en el que ya habían huido en tromba los promotores inmobiliarios.

Se negoció con la Diputación un adelanto a cuenta de los impuestos a recaudar para hacer frente a las nóminas y se logró un préstamo de 100 millones de la Junta de Andalucía que se tenía que justificar mes a mes. Se negoció la deuda con la Seguridad Social, Hacienda y el BBVA, que se avino a reducir en 50 millones los intereses acumulados y aplazar el resto de los pagos. No sin dificultades se obtuvo un cierto oxígeno financiero, al tiempo que se abordaba el otro gran frente en llamas: el urbanismo.

Cuando la gestora llegó, Marbella tenía 18.000 viviendas ilegales. La Junta hacía meses que tenía en su poder las competencias en este campo y el equipo presidido por Martín Reyes comenzó a negociar la legalización de todas aquellas edificaciones "que estrictamente se podían legalizar, previa compensación al municipio". En este sentido precisa que fueron "muy estrictos. Después el Ayuntamiento del PP ha abierto mucho la manga y en gran parte ha renunciado a las compensaciones a las que la ciudad tenía derecho".

Pese a que el balance de Martín Reyes es absolutamente positivo, cree que lo sucedido en Marbella no ha vacunado contra la corrupción: "Va en la naturaleza humana. Además, los juicios tardan mucho, las investigaciones luego no resultan tan precisas y cuesta presentar pruebas de cargo suficientes por lo que las sentencias acaban siendo desalentadoras". En su opinión los procedimientos resultan obsoletos para una delincuencia que va tres pasos por delante de la Ley y observa que los jueces de instrucción "siguen en exceso los informes policiales. Tienen una experiencia corta y se dejan influir por los informes de la Policía, de modo que no someten los atestados a un juicio crítico. Dan por sentado lo que el investigador dice y cuando llega el juicio las pruebas resultan endebles".

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