A vista de pájaro, sobrevolando el Guadalhorce, el ladrillo sale a relucir. Viviendas con piscina, almacenes, casas de aperos se levantan por cientos en terrenos pertenecientes al río, que llegado el momento, los recuperará a costa de sus ocupantes. El último desbordamiento de este cauce a su paso por los municipios de Álora, Pizarra, Cártama, Alhaurín de la Torre, el domingo reabre el debate casi eterno sobre las construcciones ilegales sobre suelos inundables. Los interrogantes se ponen sobre la mesa con la misma periodicidad con la que Málaga sufre una tromba y las aguas sobrepasan los límites naturales del cauce para adentrarse tierra adentro.

El reciente episodio permitió, de nuevo, ver imágenes de los cuerpos de seguridad rescatando a vecinos sobre los tejados de sus viviendas, no todas legales, y decenas de hectáreas de suelos agrícolas anegados por la avenida. Las escenas se asemejan a las que hace ahora poco más de cuatro años ya se produjeron cuando de nuevo el Guadalhorce creció más allá de sus márgenes o la experiencia vivida en 2010, cuando tras otro episodio de fuertes lluvias tuvieron que ser desalojadas a desalojar unas 45 personas por el desembalse de la presa que hay en el entorno.

Sólo en la localidad de Cártama, su ayuntamiento asume la existencia de unas 300 construcciones ilegales, la inmensa mayoría viviendas levantadas sobre terreno del río. Todas ellas tienen expedientes abiertos por el Consistorio, con el fin de que se logre la restitución de la legalidad urbanística alterada. Una maniobra que, en lo general pasa por la demolición de estas edificaciones una vez hay sentencia judicial firme. Hasta llegar a ese momento pasarán, previsiblemente aún, algunos años.

"Estos expedientes nunca prescriben por estar en zona inundable", señala el alcalde del municipio, Jorge Gallardo, quien relata situaciones cuando menos sorprendentes. Se da le caso, según explica, de ocupantes que se vieron obligados a demoler su vivienda y que al poco "coloca una vivienda móvil" sobre esa misma parcela, actuación igualmente ilegal. "Hay gente que aprende después de perderlo todo y lo que intenta es no contar el estado en el que está el terreno y vender la vivienda y que el que venga detrás cometa el mismo error", arguye.

Con ello, el regidor socialista constata la existencia de anuncios en internet para la venta de viviendas construidas sobre suelo inundable. Una de estas referencias informa de una casa situada en la calle Cortijo Doña Ana, en zona inundable, de 200 metros cuadrados, que está en el mercado por 235.000 euros. Tal es el desarrollo de los acontecimientos que el propio regidor alude a la colocación de carteles en la carretera de acceso a la localidad en la que se aconseja a cualquier interesado en comprar un suelo que antes acuda al Ayuntamiento para conocer el estado real de la finca en cuestión.

Esta realidad urbanística irregular, que forma parte de un paquete mucho más amplio de 3.000 construcciones ilegales detectadas en el término municipal, genera una ingente labor de control para el Ayuntamiento. "Tengo cinco personas dedicadas a disciplina urbanística", comenta como ejemplo de la envergadura de la tarea a la que se enfrente el Ayuntamiento. A ello suma el malestar de los vecinos afectados, que lo que piensan "es que se le pone una sanción porque uno es malo; no entienden que lo que se hace es cumplir la ley y velar por su seguridad, porque luego tienen que ser rescatados del río". "Hay gente que no parece entenderlo; cree que como llueve cada veinte años, son veinte años que está disfrutando de la piscina y el río", sentencia.

La problemática es menor en los municipios vecinos de Álora y Alhaurín de la Torre, también damnificados, aunque en menor medida, por la tromba del domingo. En el primero de ellos, su alcalde, José Sánchez, admitió la existencia de 400 expedientes por construcciones ilegales, si bien no supo precisar cuántas de ellas se localizan sobre suelo inundable. "No creo que haya muchas en las cercanías del río, la gente hay ido aprendiendo que construir en esa zona no es lo más adecuado, las que hay son antiguas, nuevas construcciones no recuerdo que haya", explica.

Y Joaquín Villanova, alcalde de la segunda localidad, destaca la labor de ejecución llevada a efecto en los últimos años, rebajando a apenas 10 las viviendas ilegales por encontrarse en espacio del río y arroyos. Todas ellas pendientes de sentencia para ser demolidas y que formaban parte de un conjunto residencial más amplio. "En Santa Amalia quedan unas cinco viviendas que están por demoler, con sentencia judicial pero que están recurridas; hay que sumar otras cuatro o cinco, que son obras iniciadas recientemente", dijo el alcalde alhaurino, quien lamentó que la gente "hace cosas que después no de puede mantener, porque hacer una casa irregular no tiene salida".