Cincuenta malagueños están ya dados de alta en la Seguridad Social y percibiendo una nómina de entre 350 y 480 euros mensuales por cuidar de un familiar dependiente. Estas 50 personas forman parte del total de 1.500 que en Málaga ya perciben alguno de los recursos previstos en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal para atender a las personas dependientes, según confirmó ayer la delegada provincial de Igualdad y Bienestar Social, Amparo Bilbao.

No obstante, la delegada no precisó qué recursos se les ha asignado, ni cuantos de los 1.500 ya estaban siendo atendidos por la Junta de Andalucía. Actualmente, las solicitudes presentadas en Málaga superan las 11.000 de las que 10.500 ya han sido valoradas por los técnicos.

Otro de los recursos previstos por la ley y que empezará a adjudicarse es la ayuda a domicilio. Ayer, la consejera de Bienestar Social, Micaela Navarro, presentaba en Málaga el sistema previsto para ofrecer el servicio, a través de los ayuntamientos. La consejera había planeado firmar un convenio con los municipios mayores de 20.000 habitantes ayer mismo, pero se encontró con el plante de los ayuntamientos del PP, que evidenciaron una financiación escasa para cubrir las necesidades de la población.

Navarro anunció un primer desembolso de 15 millones de euros para toda la provincia, pero anunció que iría incrementado la aportación cuando fuese necesario: "el dinero llegará hasta donde haga falta, sin límites, porque es un derecho", explicó la consejera.

El presidente provincial del PP en Málaga, Joaquín Ramírez, explicaba el rechazo de su partido al documento propuesto por la Junta: "la orden que regula estas prestaciones tan sólo permite atender el 10 por ciento de las necesidades reales de la provincia".

El dirigente dijo que la orden "no garantiza a los ayuntamientos la financiación de los servicios y, sin embargo, obliga a los consistorios a garantizar la prestación de esos servicios". Ramírez concluyó que los ayuntamientos no firmarán el convenio propuesto por la Junta hasta que "no se garantice la llegada real de las ayudas a todas las personas dependientes de la provincia".

Además de la financiación, el convenio plantea un máximo de 90 horas mensuales para las personas con mayor nivel de dependencia, lo que se traduce en tres horas diarias "insuficiente para una persona que no se puede mover de la cama", a juicio de la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Málaga, Mariví Romero que actualmente gestiona la ayuda a domicilio de la ciudad con un plan compartido con la Junta y el Estado.

La ayuda a domicilio es sólo uno de los recursos previstos por la normativa. Es la propia familia la que decide, junto a los técnicos, cuál es la opción que prefiere. Desde el pasado mes de mayo, la delegación provincial de Igualdad ha creado 820 plazas nuevas de residencia y hoy dispone de 320 libres para acoger a las personas que así lo necesiten tras su valoración y el Programa Individual de Atención (PIA), según confirmó la delegada provincial de Igualdad y Bienestar Social, Amparo Bilbao.