La Fiscalía pide al Gobierno apoyo para denunciantes de 'bebés robados'

  • Insta a la Subdelegación a que cree una oficina de información a las familias

La Fiscalía de Málaga ha instado a la Subdelegación del Gobierno a que cree una oficina de apoyo y asesoramiento a las familias que tienen interés en denunciar posibles robos de recién nacidos ocurridos durante los años de la dictadura y la transición.

La petición se ha formalizado a través de un oficio remitido por el fiscal jefe de Málaga, Antonio Morales, al subdelegado del Gobierno en la provincia, Hilario López Luna. Esta solicitud ha tenido lugar tras conversaciones informales en las que López Luna ha indicado que existe la posibilidad de que la Subdelegación preste este respaldo al Ministerio Público, actualmente presa de un importante colapso por la continua llegada de denuncias y la continua petición de información por parte de familias que sospechan que sus bebés fueron dados por fallecidos en condiciones extrañas durante el alumbramiento.

La Fiscalía pide que se cree una oficina a la que las familias puedan dirigirse tanto personalmente como por teléfono y correo electrónico para informarse sobre los pasos que deben dar antes de presentar una denuncia. La intención es que toda esa información previa pueda canalizarse y gestionarse sin necesidad de acudir a las dependencias del Ministerio Público.

El fiscal jefe ha confirmado la petición, así como el interés de que desde la Subdelegación se ponga al tanto a los particulares de los diferentes archivos públicos a los que deben dirigirse para recabar información sobre los partos, nacimientos y posibles defunciones.

En este sentido figuran tanto el Archivo Provincial de Málaga, como los dependientes de los diferentes ayuntamientos, cementerios, hospitales o el Registro Civil. "La situación actual es de una gran confusión y lo primero que necesitan estas familias es saber a dónde pueden dirigirse", precisó Antonio Morales.

También se pretende que desde ese centro se informe sobre las personas que pueden acreditar interés legítimo para acudir a los archivos públicos, puesto que se trata de documentación que está sujeta a determinadas reglas de privacidad y no es accesible a cualquier persona, así como sobre quiénes pueden formalizar las denuncias.

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