La Fiscalía del Tribunal Supremo pidió ayer que se confirme la condena a dos años de prisión y 17 de inhabilitación impuesta al juez Francisco Javier de Urquía por pedir dinero a través de un amigo a uno de los imputados en la operación Hidalgo, a quien posteriormente dejó en libertad.

Durante la vista celebrada ayer en la Sala de lo Penal del Supremo, el representante del Ministerio Público ha solicitado que se rechacen los recursos presentados contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que condenó a De Urquía por los delitos de prevaricación continuada y cohecho.

El TSJA consideró acreditado que el extitular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella se puso de acuerdo con su amigo Arnaud Fabrice, también condenado a dos años de prisión por cohecho, para pedirle 60.000 euros a Azam Khan, uno de los imputados en la operación Hidalgo, a cambio de decretar los autos de libertad provisional para él, su mujer y su sobrino.

La defensa de De Urquía ha pedido al Supremo la absolución del juez, al considerar que la sentencia tiene una "total falta de fundamentación" y contradice la doctrina del alto tribunal sobre la prevaricación, que estima que es necesario acreditar con un análisis objetivo que ha existido una decisión arbitraria.

Algo que, a su juicio, no se cumple en este caso, ya que, según el abogado defensor de De Urquía, la libertad provisional que dictó "era la única medida posible". "Es evidente que absolver al inocente, aunque hubiera mediado dádiva, no es prevaricación", "considerarlo así nos retrotraería a "otros periodos totalitarios".