La Fiscalía malagueña realizó la pasada semana una visita a la cárcel de Archidona, donde a finales del pasado mes de noviembre fueron internados más de 500 inmigrantes llegados en pateras a las costas españolas; tras la que considera que no existe disfunción alguna que deba ser corregida.

Esta visita, que se enmarca dentro de las inspecciones periódicas de la Fiscalía a Centros de Ingreso Temporal (CIT) y que fue acordada por la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, en coordinación con la Fiscalía de Sala de la Unidad de Extranjería, tenía el fin de interesarse por las condiciones en las que se encuentran los inmigrantes.

Así, tras la visita, según han señalado las fuentes judiciales consultadas por Europa Press, se ha constatado que existe un médico y personal auxiliar, que la ropa y el calzado están garantizados y que los internos pueden acceder a sus pertenencias, también al uso de los móviles si los tienen. En cuanto a que no hay actividades, se apunta a la condición de "temporal" del centro.

Asimismo, sobre la denuncia de que los inmigrantes estaban al raso en el patio, se ha observado que hay zona cubierta y que la calefacción está activada. Respecto a que la vigilancia la lleva la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional, se considera mejor cuanto mayor cualificación tenga la fuerza actuante, según las fuentes.

En cuanto a que las visitas de familiares y abogados se realizaban con una mampara de por medio, se señala que las salas contaban con estos elementos al estar previsto el centro como cárcel, pero que se ha constatado que esas comunicaciones ya se realizan en espacios que no tienen mampara.

Asimismo, han explicado que, aunque la edificación esté prevista para ser una cárcel, actualmente no lo es aún; por lo que el que varios jueces lo hayan considerado como Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) "temporal" apto avala el ingreso de los inmigrantes. 

Por otra parte, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Archidona ha dictado un auto en el que acuerda el archivo de una denuncia por presunta detención ilegal presentada por el sindicato Acaip, que consideraba que los inmigrantes habían sido ingresados en una cárcel cuando la legislación señala que debe ser en un centro no penitenciario.

El juez señala que no se da ese delito al haber resoluciones judiciales que avalan la privación de libertad y explica que la nomenclatura de Centro Penitenciario Málaga II resulta en este caso "irrelevante", pues "ni está funcionando como tal y, lo realmente importante, no es el habitáculo o espacio físico, sino el tratamiento dispensado y que se respeten los derechos constitucionales".

Así, se refiere a una directiva europea en la que se indican las condiciones del internamiento en los supuestos en los que no puedan hacerse en centros especializados; apuntando que se cumple en este caso que el traslado de esos 500 inmigrantes al centro se debe a circunstancias "excepcionales" por el elevado número de personas que han llegado de forma irregular en pateras.

Pero, además, destaca que también se cumple el requisito que establece dicha directiva europea de que los internos estén separados de los penados, ya que la cárcel de Archidona no funciona aún como tal; motivos estos por los que el juez acuerda el sobreseimiento libre de la denuncia y rechaza la puesta en libertad de uno de los internados.