La Fiscalía negocia un máximo de seis años de cárcel por todas las licencias ilegales de Marbella

  • El Ministerio Público intenta cerrar a instancia de los ex ediles del GIL y por "economía procesal" un pacto para agilizar los casos · Alega que se trata de delitos conexos para los que la Ley fija una pena tope

La Fiscalía negocia tras ser requerida por los abogados de los ex ediles del GIL, entre los que está el ex alcalde Julián Muñoz, un trato para evitar que los casos por delito urbanístico en Marbella se eternicen en los juzgados de Málaga. El acuerdo, muy avanzado, está sólo pendiente de concretar la condena que tendrán que cumplir los ex concejales por las decenas de causas que atascan los tribunales, aunque esa pena no será en ningún caso superior a los seis años de cárcel.

¿Por qué es así? Fuentes del Ministerio Público precisaron ayer que se trata de "delitos conexos" que tienen por Ley un límite de cumplimiento de condena, que es el triple de la pena mayor que establece el Código Penal. El artículo 320, el que contiene el tipo de delito del que se acusa a los ex ediles, fija un máximo de dos años de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio. Es decir, el máximo serían seis años de prisión.

Éste es el límite y la negociación se moverá de ahí para abajo, por lo que el trato se podría cerrar incluso con una pena menor a esos seis años. Fuentes jurídicas explicaron ayer que se baraja la posibilidad de que al acuerdo se selle finalmente con tres años de cárcel. Lo que la Fiscalía tiene claro es que partirá de una pena de prisión y no de multa, que es la otra opción que permite el delito. Las fuentes apuntaron que eso es "innegociable" y que el trato sólo afectará a las licencias de obras, no a los procedimientos por los convenios urbanísticos u otras irregularidades que se imputan a los ex concejales de Marbella. Otra condición, según las fuentes del Ministerio Público, es que los ex miembros del GIL asumen la "culpabilidad" de los procedimientos que tienen pendientes.

La reflexión de la Fiscalía es que si la Ley establece un límite de cumplimiento de pena para los delitos conexos, las decenas de causas por delito urbanístico que hay pendientes se convierten en "una carga" para la Administración de Justicia, es decir, llegaría un momento en el que los juicios no servirían para nada. Uno de los objetivos que persigue el Ministerio Público es, por tanto, la "economía procesal". Las fuentes puntualizaron que se busca que el acuerdo sea "positivo" para la Justicia y que ésta salga beneficiada. Descartaron que se trate de una acumulación de casos.

Los contactos se iniciaron a finales del año pasado y el primer interlocutor al que se dirigieron los abogados fue el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que después derivó el tema a la Fiscalía malagueña. El trato podría estar ultimado en febrero, antes de que se celebre el próximo juicio por delito urbanístico, que es el del caso Belmonsa.

El primero que habló ayer del pacto fue el abogado Pablo Luna, defensor de uno de los ex concejales del GIL. Lo hizo tras un juicio por delito urbanístico celebrado en el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga en el que los acusados se conformaron con la petición de pena solicitada por la Fiscalía por la concesión de sendas licencias que autorizaban la construcción de 89 apartamientos en un suelo rústico.

Tras la vista, que duró unos 30 minutos precedidos de más de una hora de negociaciones, Julián Muñoz, Marisa Alcalá y Rafael González fueron condenados a un año de prisión y siete de inhabilitación para cargo público, pena que en el trámite de ejecución se conmutó por una multa de 10.800 euros. José Luis Troyano, Alberto García Muñoz, Tomás Reñones y José Luis Fernández Garrosa fueron penados a seis meses de cárcel, aunque la ejecución ha quedado suspendida durante tres años. Javier Lendínez, otro de los acusados, será juzgado otro día porque su abogado no pudo asistir al juicio.

Pablo Luna apuntó que la de ayer fue "la primera manifestación pública" de las negociaciones que se llevan a cabo con la Fiscalía. "Empezamos una serie de conversaciones para el bien de todos, entre ellos, la Administración de Justicia por el exceso de trabajo que puede significar la cantidad de juicios pendientes", dijo. Las fuentes del Ministerio Público apuntaron que el cambio de criterio de ayer en cuanto a la sustitución de la pena de prisión por una multa es "excepcional" y se hizo para "no obstruir el proceso de negociación". La Fiscalía siempre pide cárcel en los casos por delito urbanístico en Marbella.

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