La Fiscalía plantea que Marta pudo ser arrojada viva al río

  • La tesis del Ministerio Público atribuye a los acusados el tipo penal más grave en la situación actual y sin hallarse el cadáver

La Fiscalía de Sevilla pidió ayer la prisión para los jóvenes que han pasado a disposición judicial por la muerte de Marta del Castillo planteando la hipótesis jurídica más grave: que la chica fuese arrojada aún con vida al río Guadalquivir.

Con este planteamiento inicial, la Fiscalía solicitó al juez el ingreso en prisión provisional de los dos adultos, Miguel Carcaño y Samuel Benítez, y el internamiento en un centro de menores, en régimen cerrado, del adolescente de 15 años. El Ministerio Público, siempre desde la perspectiva penal más grave, entiende que, si Marta del Castillo no estaba muerta cuando su cuerpo fue arrojado al Guadalquivir, su ex novio y su amigo podrían ser acusados de un delito de asesinato, por las circunstancias concretas del crimen y la posible "indefensión" de la víctima.

Desde esta imputación, la fiscal jefe, María José Segarra, señaló que, alternativamente, los hechos podrían ser considerados como un delito de homicidio -de menor entidad penal, al no concurrir la alevosía- o incluso de detención ilegal sin dar noticia del paradero de la víctima. Este último supuesto sería el que se aplicó, según explicó la fiscal jefe, en el caso de la desaparición de Publio Cordón, por el que el ex dirigente de los Grapo Fernando Silva fue condenado a 28 años de cárcel por un delito de secuestro a pesar de que el paradero del empresario es una incógnita desde 2005.

En cualquier caso, la Fiscalía apunta que habrá que aguardar el resultado de las labores de búsqueda que actualmente se desarrollan en el cauce del Guadalquivir y el posible hallazgo del cadáver. Si el cuerpo de Marta aparece, las pruebas científicas podrían aclarar si la menor estaba aún con vida o no cuando fue arrojada al río, dado que en caso afirmativo se hallarían restos de agua en sus pulmones, lo que elevaría al máximo la calificación penal de la acusación pública. Se trataría entonces de un delito de asesinato, que el Código Penal castiga con una pena de entre 15 y 20 años de prisión para los autores.

La fiscal jefe estimó que, en el supuesto de que no apareciera el cuerpo de la menor, tampoco supone graves obstáculos para la acusación. La fiscal jefe aseguró que los indicios contra los dos adultos "son suficientes" para pedir la medida de prisión provisional, que fue acordada a media tarde de ayer por el juez de Instrucción número 4 de Sevilla, Francisco de Asís Molina.

El juez podría levantar el secreto de sumario decretado en las actuaciones una vez que declare el cuarto detenido, el hermanastro del principal imputado. El juzgado mantendrá en principio la competencia para la instrucción del caso y la continuación de la investigación, a pesar de que los hechos podrían considerarse incluso como un caso de malos tratos, cuya competencia podría atribuirse a un juzgado de Violencia sobre la Mujer.

La presidenta del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Inmaculada Montalbán, afirmó ayer que el asesinato de Marta del Castillo "es un caso de violencia de género, si bien no al que se refiere la ley integral". La vocal del órgano de gobierno de los jueces afirmó que "la vacuna contra la violencia es la educación" y precisó que hay que insistir en este aspecto "para evitar casos como el que ha sucedido".

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