IU desvela que Hacienda se planteó dejar parado el Metro en 2012

  • Fomento, ya en manos de la coalición de izquierdas, situó en "entre 500 y 600 millones" el coste de haber adoptado ese paso

Transcurridos los primeros días desde la decisión unilateral de Susana Díaz de romper el pacto de gobierno con Izquierda Unida, alianza constituida tras los comicios autonómicos de marzo de 2012, empiezan a desvelarse ciertas cuestiones de especial trascendencia para la provincia de Málaga y, más en concreto, la capital de la Costa del Sol. El hasta principios de semana portavoz de la coalición de izquierdas en el Parlamento andaluz y coordinador provincial de la formación, José Antonio Castro, desveló en una entrevista concedida a Málaga Hoy que cuando la formación asumió la gestión de la Consejería de Fomento se encontró con la decisión de Hacienda de "dejar parado" el Metro.

La justificación esgrimida en el arranque de la legislatura estaba directamente relacionada con el complejo escenario económico por el que atravesaba el suburbano. Cabe recordar que en aquellos meses, el tajo del ferrocarril urbano en Callejones del Perchel estaba completamente paralizado ante la incapacidad de la Junta de inyectar fondos para la continuación de los trabajos.

"La Consejería de Hacienda nos planteó que ante las dificultades, los sobrecostes, el modelo de gestión, había que buscar un periodo de esta crisis aguda para dejarlo parado", expuso Castro en relación al momento en que IU asume el mando al frente de la Consejería de Fomento. De acuerdo con lo señalado por el dirigente político, la posición del Gobierno autonómico pasaba por cerrar materialmente la infraestructura que ya estaba ejecutada, con el fin de aplazar cualquier avance en el proyecto al momento en que las condiciones económicas así lo permitiesen.

Para dar más solidez a la afirmación, Castro aludió a que desde el departamento en ese momento liderado por Carmen Martínez Aguayo se llegaron a analizar "las consecuencias que ello podría haber tenido sobre las empresas concesionarias y el modo en que se podían salvar esas consecuencias". A pesar de los evidentes efectos sobre el proyecto, "lo mejor era dejarlo parado".

Sin alcanzar este nivel de precisión, que subraya la delicada situación económica por la que atravesaba la Administración autonómica tras las elecciones de 2012, son varias las ocasiones en las que dirigentes de IU han dejado incidido en la mala situación en la que la ya ex consejera de Fomento Elena Cortés y su equipo más directo se encontraron la obra del ferrocarril urbano. El propio Castro, en una rueda de prensa de balance de la labor de IU en la Junta el pasado miércoles fue claro al señalar que la actuación estaba "muerta" y que el "no proyecto del PSOE era dejarlo parado".

"Entendíamos que a medio y largo plazo y desde el punto de vista de la rentabilidad social era un desastre y una decisión que no compartíamos para nada", apostilló Castro. En este escenario, aseguró, es cuando los nuevos responsables de Fomento buscan el modo de relanzar la infraestructura, haciéndola viable desde el punto de vista económico.

"Pedimos unos meses para hablar con la concesionaria, con los agentes implicados y con el Ayuntamiento y presentamos una propuesta; costó mucho trabajo convencer al PSOE, a Hacienda, a Martín Aguayo, pero esta mujer, que es la que nos dio la propuesta de mantener parado el Metro, cuando vio como trabajábamos y recibió los estudios, se entusiasmó y nos dijo que adelante", explicó.

Una fuente de la anterior Consejería de Fomento admitió la existencia de conversaciones en el sentido expuesto por Castro y del diseño por parte del equipo de Elena Cortés de "las alternativas de todo" lo que podía ocurrir con el suburbano. "Incluso se hizo un análisis de lo que podía costar cerrar el Metro; es decir, de las obras que eran necesarias, del servicio de seguridad preciso y de los costes de mantenimiento de lo que ya estaba ejecutado", indicaron estas fuentes. El resultado, precisaron, alcanzaba "entre los 500 y los 600 millones de euros".

Una cuantía que incluía no sólo las actuaciones físicas que había que realizar para garantizar la seguridad de las instalaciones existentes, sino además las cuantiosas indemnizaciones que hubiesen reclamado los socios privados a modo de compensación por la paralización del proyecto. "Se hizo un estudio detallado de cada uno de los apartados y el resultado era ese", expusieron otras fuentes consultadas. Las mismas recuerdan que cuando se hizo llegar el resultado a Hacienda, la consejería dio luz verde a la reactivación del ferrocarril urbano.

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