La batalla por el Metro al Civil está servida. El primer movimiento estratégico, tras una secuencia prolija de tramitaciones, lo dio ayer la Junta de Andalucía al aprobar la declaración de interés metropolitano de este ramal, herramienta que le permite avanzar en la licitación y adjudicación de la obra de ejecución sin necesidad de contar con la autorización del Ayuntamiento de la capital, que si bien institucionalmente viene eludiendo un pronunciamiento explícito desde hace meses, verbalmente ha mostrado su rechazo retirado a esta intervención.

Entablado el pulso entre ambas administraciones, la hoja de ruta trazada por la Consejería de Fomento pasa por abrir el procedimiento de contratación de construcción de esta línea, de 1,8 kilómetros de longitud y 41 millones de coste, entre los meses de junio y Julio próximos. A partir de este primer hito significativo, se apunta como posible la adjudicación de la actuación a finales del ejercicio presente, fijándose un plazo inicial de desarrollo de los trabajos de 24 meses. Con estos parámetros, el horizonte manejado en el seno del departamento encabezado por Felipe López es que el tranvía a la zona norte pueda ser una realidad a finales de 2019.

No obstante, los propios responsables autonómicos son conscientes de que entre la teoría y la realidad existe un trecho difícil de salvar. Si bien el acuerdo adoptado por Consejo de Gobierno de la Junta elude el control municipal, lo que no hace es invalidar por completo la necesidad de disponer de una colaboración mínima por parte del Consistorio. Algo que implica unos acuerdos mínimos en materia de desvíos de tráfico y de servicios.

Sin ellos, de facto, resultará imposible acometer esta parte del trazado, considerada clave para completar la red acordada con el propio Ayuntamiento a finales de 2013 y garantizar una demanda de viajeros de 20,7 millones de usuarios. La explotación de esta parte del trazado debe aportar unos 2,5 millones de pasajeros.

De no ejecutarse afectaría de lleno a las previsiones de demanda acordadas con la empresa concesionaria, pérdidas que habrían de ser compensadas económicamente. Esta circunstancia ha venido siendo utilizada en los últimos meses por el consejero del ramo para asegurar que de mantenerse la negativa municipal a facilitar la actuación le reclamará la asunción de reclamaciones económicas.

En este escenario, López confió ayer en que el paso dado sea "un punto de inflexión" para que el alcalde, Francisco de la Torre, "acabe teniendo el buen criterio de respetar lo que firmó en 2013". "Lo que pretendemos es que se cumpla lo que se pactó en 2013", dijo, al tiempo que hizo suya las conclusiones de la asociación de empresas constructoras, Seopan, que sitúan al Metro al Civil como una de las obras de mayor rentabilidad socioeconómica de todo el país. "Espero que el Ayuntamiento acabe reflexionando y permitiendo que se continúe la obra tal cual estaba planteada", apostilló.

Las posiciones confrontadas que desde hace años mantienen ambas partes en este asunto hacen casi insalvable que el asunto desemboque en los tribunales. Una contienda en la que la Junta quiere esgrimir justamente que no es ella la responsable de que la obra no se haya culminado conforme a lo acordado hace ahora algo mañas de tres años.

En esta jugada resulta fundamental obtener lo que hasta la fecha no ha conseguido, un pronunciamiento institucional del Consistorio rechazando la construcción del Metro en superficie. Es de presumir que ante los nuevos pasos que se esperan en estos meses haya algún movimiento en este sentido por parte del equipo de gobierno del PP. Desde el Ayuntamiento ayer se optó por el silencio, aunque fuentes municipales indicaron que se trasladará el acuerdo del Consejo de Gobierno a la Asesoría Jurídica para su análisis y las posibles consecuencias del mismo.