La Junta de Andalucía se ha marcado como objetivo lograr que la apuesta de los promotores privados en la construcción de viviendas de protección oficial (VPO) en la provincia de Málaga aumente. Para ello, la Consejería de Obras Públicas ha diseñado un plan que permitirá dar subvenciones, a través de los ayuntamientos, a los constructores interesados en la ejecución de este tipo residencial y que les permitirá minimizar el coste que en estos momentos suponen las obras de urbanización de las promociones.

Fuentes cercanas a la Administración autonómica informaron a este periódico de que la aportación que hará el Gobierno andaluz será de unos 3.000 euros por vivienda construida, cuya finalidad no será otra que sufragar parte de los gastos propios de la urbanización. De acuerdo con los datos aportados por las fuentes consultadas, esta fase de la promoción puede suponer un desembolso medio de unos 7.200 euros por vivienda (con una superficie de en torno a los 100 metros cuadrados), con lo que la aportación pública permitirá cubrir casi la mitad del montante.

Esta iniciativa, que las fuentes indicaron se enmarca en el nuevo pacto por la vivienda anunciado por el presidente de la Junta, Manuel Chaves, verá hoy mismo sus primeros resultados con la firma de protocolos de colaboración con los ayuntamientos de Estepona, Mijas, Benalmádena, Coín, Antequera y Rincón de la Victoria.

Estos acuerdos supondrán la aportación de suelo por parte de los consistorios para la edificación de hasta 9.512 viviendas a precio asequible, lo que supone una media de casi 1.600 pisos en cada una de estas ciudades, tres de las cuales se encuentran en la Costa del Sol, otras dos en el área metropolitana de Málaga capital y otra, en el interior, coincidiendo con algunas de las zonas en las que la demanda es mayor.

En función de los datos puestos sobre la mesa, la aportación económica que tendrá que realizar la Administración autonómica para colaborar con los promotores en la construcción de estas viviendas se acerca a los 30 millones de euros.