Lo que viene ocurriendo con las tradicionales casas de pescadores levantadas en El Palo y Pedregalejo es un bucle sin fin, que mantiene en vilo a sus propietarios desde hace décadas. Ahora, como viene siendo costumbre, el cambio de color político en la Administración central reabre la esperanza para estos vecinos, que confían en que sus viviendas sean definitivamente regularizadas.

Objetivo en el que parece estar trabajando el Ministerio de Medio Ambiente. El departamento dirigido por Miguel Arias Cañete contempla impulsar una nueva modificación de la Ley de Costas que posibilitaría regularizar las alrededor de 400 casas que hay en estos dos puntos de la capital de la Costa del Sol y que podría extender su sentido a otras construcciones en zonas costeras de Vélez-Málaga y Algarrobo, entre otras.

Así lo contempla este departamento en el informe Situación de la aplicación de la Ley de Costas y los posibles ámbitos de mejora, remitido al consejo asesor. En el citado documento se señala que la aplicación de la normativa actual ha generado "un importante grado de conflictividad, tanto social como jurídica", abogando por una reforma de la misma que permita conciliar "la necesaria protección del litoral con una mayor garantía y seguridad para los titulares de derechos en dominio público, que no restrinja la actividad económica y la generación de empleo".

Sobre el ámbito físico del deslinde, se plantearía en la reforma el "problema" de bienes degradados incluidos en antiguos deslindes que "ahora podrían ser objeto de desafectación" y cita expresamente los casos del Palo y Pedregalejo. "Merece la pena explorar la introducción de un procedimiento de desafectación más ágil y rápido", dice el informe, en clara referencia a los bienes que han perdido sus características naturales de dominio público marítimo terrestre. Si bien admite que la citada desafectación ya está prevista en la Ley, defiende que se analice la "flexibilización de su procedimiento".

El análisis que Medio Ambiente hace de la actual norma es crítico, al apuntar aspectos que contribuyen a "aumentar la inseguridad y cierta sensación de agravio entre no pocos ciudadanos". Con ello, menciona la acumulación de expedientes de reconocimiento de derechos sin resolver; los aparentes cambios de criterio sobre la ocupación de las playas; el trazado "aparentemente arbitrario de la línea de deslinde, que en ocasiones no se traza recta "sino que hace zig-zag". Según los datos del ministerio, en toda España se cuentan del orden de 32.000 ocupaciones del Dominio Público Marítimo Terrestre, de las que 24.000 están sin resolver.

Entre las acciones a modificar de la ley, el Gobierno alude al régimen de compensaciones de la pérdida de propiedades y otros títulos, porque la ley de 1988 expropia las propiedades privadas en dominio público mediante el sistema de justiprecio y no mediante el abono de una cantidad económica, sino en una concesión de uso de la antigua propiedad por 30 años prorrogables, en su caso, por otros 30. En el caso de las concesiones "indefinidas" para actividades económicas en el litoral también establece un plazo máximo de 30 años.