Se mire por donde se mire, ser socio accionista del Metro de Málaga solo parece tener ventajas. No ya solo porque el contrato de concesión diseñado y firmado en su día por la Junta de Andalucía garantiza un beneficio directo del 10,4% en función de la inversión realizada (a través de la denominada TIR), sino porque, incluso en el caso de que el ferrocarril urbano quebrase y se anulase su servicio, la indemnización a la que tendría derecho la empresa encargada de su explotación se cuenta por varios cientos de millones de euros. Incluso en el caso de que fuesen los propios socios privados los responsables de esa ruptura contractual.

Esta realidad numérica conforma la trastienda de un ferrocarril urbano del que básicamente se conoce su dimensión como gran infraestructura. Sin embargo, es en la letra pequeña del contrato en su día rubricado por la Administración regional y la empresa Metro Málaga donde reside buena parte de la verdad del proyecto. Las cuentas que anualmente presenta esta sociedad anónima, de la que forma parte la propia Junta a través de la Agencia de Obra Pública de Andalucía, registran al detalle la envergadura de la losa económica que supondría para las arcas públicas la anulación del contrato.

La Junta se obliga con la concesionaria a garantizar el pago del préstamo del BEI

Una amplia horquilla que va desde los casi 400 millones de euros que percibiría la empresa en el caso de que la anulación de la relación contractual fuese imputable a ella y los 878 millones de euros que obtendría en el caso de que tales responsabilidades fuesen atribuibles al Gobierno autonómico. Existe un punto intermedio, relacionado con la eliminación del contrato por causas "de fuerza mayor", en el que la firma tendría que percibir casi 601,6 millones de euros.

Llama la atención cómo la aportación contemplada en la hipótesis más gravosa crece en 20 millones respecto a la compensación prevista a finales de 2015 y en 48 millones si se toma como punto de comparación el 31 de diciembre de 2014. Estas sumas se calculan, según los documentos oficiales, en función de la devolución de la garantía a la que tendría derecho el concesionario, la compensación por el valor patrimonial de la inversión, los gastos de constitución, gastos financieros capitalizados, el neto de amortizaciones y los gastos pendientes de pago. A estos preceptos habría que añadir, siempre que la Junta fuese responsable de la ruptura, los beneficios esperados hasta el final de la concesión, en este caso hasta el año 2042.

Pero es que a finales de 2013, el parámetro se situaba en 512,6 millones, 366 millones menos que el momento presente. Un incremento exponencial relacionado con la segunda de las modificaciones contractuales acordada entre la Junta y Metro Málaga a mediados de 2014, tras darse luz verde a la variación del trazado del suburbano (se acortaba el tramo bajo tierra de La Malagueta hasta la Alameda Principal y se incorporaba la prolongación en superficie hasta el entorno del Hospital Civil).

Ello trajo consigo, además, una alteración de los plazos de finalización de la obra y la obligación de compensar a los socios privados por estos desajustes. Tan es así que el nuevo contrato de 2014 incorporó lo que vino en denominarse periodo transitorio, cuya vigencia se esperaba para el 1 de noviembre de 2017 En el mismo, la Junta quedaba obligada a aportar unas cantidades prefijadas (cercanas a los 70 millones) para garantizar el equilibrio económico-financiero de la concesionaria con independencia de que los trenes llevasen más o menos pasajeros.

Ante la imposibilidad cierta de que el Gobierno andaluz cumpla con este hito temporal (está por reactivar el tramo Renfe-Guadalmedina, al que aún le quedan unos dos años de obras; siguen los trabajos en el tajo Guadalmedina-Alameda, y se ignora el momento en que podrá arrancar el trazado en superficie hasta el Civil), el mencionado periodo transitorio se extenderá "automáticamente" hasta el 1 de noviembre de 2020. Incluso, la documentación consultada por este periódico revela que si la Junta tampoco pudiese alcanzar esta fecha con la entrega de todos los tramos pendientes, el periodo transitorio será prorrogado por el plazo que estime y por las cantidades que correspondan.

Pero si todas estas referencias fuesen pocas, hay que añadir la posición clave que asume la Agencia de Obra Pública como salvaguarda económica de la concesionaria para afrontar el pago del préstamo concedido en su día por el BEI (Banco Europeo de Inversiones) o para cumplir los ratios de financiación exigidos. En este sentido, el propio contrato de concesión especifica que mientras esté en vigor el crédito del BEI, hasta el año 2030, la Junta "se compromete a realizar a favor de la concesionaria las aportaciones económicas necesarias para que ésta atienda cualesquiera obligaciones de pago asumidas en virtud del contrato de financiación".