El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer por unanimidad un informe elaborado por su gabinete técnico que desecha cualquier responsabilidad de la Administración de Justicia en el calvario que sufrió Dolores Vázquez en relación al asesinato de la joven de Mijas Rocío Wanninkhof. El documento reconoce lo "enormemente difícil" que es reparar el daño causado a la afectada, aunque precisa que no ha acudido a la sede adecuada y que su solicitud "encontrará mejor acomodo en el ámbito propio del Ministerio del Interior".

El informe votado ayer por los 16 miembros que asistieron al Pleno del CGPJ no es vinculante, pero sí preceptivo en el expediente iniciado por el Ministerio de Justicia para resolver la reclamación por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia presentada en enero de 2006 por Vázquez, que cifró en 4 millones de euros la cantidad con la que podría ser resarcida por parte del Estado.

Vázquez fue detenida el 7 de septiembre de 2000 por el crimen de la joven de Mijas, ocurrido 11 meses antes, y estuvo en prisión preventiva hasta el 8 de febrero de 2002. Fue procesada por el asesinato de Wanninkhof, juzgada y condenada, aunque el juicio fue anulado por falta de motivación del veredicto y la posterior sentencia condenatoria. Vázquez estaba a la espera de una nueva vista cuando el británico Tony King fue arrestado por la muerte de Sonia Carabantes y una prueba de ADN lo inculpó también en el crimen de Mijas. Vázquez fue exculpada en enero de 2005.

¿Y por qué llega el Poder Judicial a la conclusión de que ellos no son responsables? Según el informe aprobado ayer, el escrito presentado por Vázquez justificaba el anormal funcionamiento de la Justicia en que la inexistencia de una base de datos común a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con muestras biológicas de sospechosos, impidió en su día identificar los datos sobre Tony King enviados por la Policía británica en septiembre de 1999.

"Esa ausencia de información tiene gran importancia respecto de la posible evitabilidad del error cometido con la detención y enjuiciamiento" de Vázquez, argumentaba ésta en su reclamación. Sin embargo, según consta en el informe al que ha dado luz verde el Poder Judicial, el "supuesto descrito" no puede ser imputado a la Administración de Justicia. "Las bases de datos, su carácter, naturaleza, regulación y articulación pertenecen a un ámbito orgánico y competencial distinto, el propio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, adscritos orgánica y jerárquicamente ordenados en el Ministerio del Interior", concluye, y luego dice que la suya no es la sede adecuada para "ventilar" una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado de este tipo.

El escrito de Vázquez exponía que sufría "un desequilibrio psíquico grave" desde que fue detenida, además de tener que acudir a amigos y familiares para hacer frente a los diversos gastos que ha tenido. Además, todo lo sucedido le ocasionó "grandes fobias que le impiden desarrollar su vida y relacionarse con normalidad".

Otra cuestión en la que incidía la afectada era el juicio paralelo al que fue sometida en los medios de comunicación tras su arresto. Finalizada la vista con jurado, "la lectura del veredicto nunca podrá ser olvidada por la crueldad con que el numeroso público de la Sala gritaba al unísono voces de alegría porque el veredicto había sido de culpable".