El exjefe de la Policía Local de Coín, acusado de un delito de malversación de caudales, por, supuestamente, quedarse con dinero de unos cursos para agentes que él mismo organizó, ha negado los hechos ante el jurado popular que lo juzga desde este lunes y ha asegurado que liquidó "todo, económica y moralmente". "Yo no he distraído nada en absoluto", ha manifestado.

El fiscal solicita inicialmente que se imponga a este acusado, Miguel G. G., la pena de cuatro años y medio de prisión, al acusarlo de "apropiarse de las cantidades abonadas por las personas que participaron en los cursos en concepto de inscripción", tras lo que hizo dos "irregulares" en una cuenta del Ayuntamiento, aunque se distrajeron un total de 4.338 euros.

El procesado ha explicado que puso su número de cuenta en los folletos de los cursos porque desde la Intervención del Ayuntamiento le dijeron que no podía abrirse una a nombre de la Escuela de Policía Local de Coín ya que no tenía presupuesto propio, afirmando que "no lo hice de forma intencionada, sino de buena fe para que los cursos pudieran seguir adelante".

Ha reconocido que "no tenía un control al dedillo" de todos los ingresos que se le hacían en la cuenta, que era la de sus gastos corrientes; pero ha asegurado que tras los cursos liquidó todo con el Ayuntamiento, considerando que el informe del perito, en el que se señala, además de que los gastos de papelería son "excesivos", que se detrajeron 4.338 euros, "está mal".

Al respecto, ha apuntado que, incluso, ingresó 2.000 euros de más en la cuenta del Ayuntamiento, aunque ha añadido: "A mí no me debe nadie nada, pero yo tampoco debo nada". Ha insistido en que los ingresos los hizo antes de cualquier investigación y no después, como dice el fiscal.

Asimismo, ha defendido que él pasó a ser personal laboral fijo, aunque ha admitido que sigue teniendo su plaza en la Policía Local de Coín después de once años prestando servicio en la de Málaga; al tiempo que ha señalado que no tenía por qué quedarse con dinero, porque "estrecheces no pasaba", aunque tuvo números rojos en esa cuenta, según la acusación pública.

También ha aludido a que no hubo problemas "hasta que llegó la gente de la UGT -sindicato personado como acusación particular- queriendo meter el dedo en el ojo a cualquiera que hiciera cursos". De hecho, su abogado ha dicho que este caso parte de una denuncia de dicha organización sindical como "vendetta política" porque se estaba haciendo formación al margen de ellos.

Según las conclusiones provisionales del fiscal, a las que tuvo acceso Europa Press, el acusado fue nombrado en diciembre de 2005 coordinador de la Escuela de la Policía Local de Coín. En junio de 2006, el Ayuntamiento y la Asociación Internacional de Policía firmaron un convenio de colaboración por la necesidad de formación a los agentes.

El acusado fue nombrado coordinador del convenio por parte del Ayuntamiento y organizó 22 cursos online que se desarrollaron de julio a octubre de dicho año, "consignando en los trípticos de publicidad su número propio de cuenta para los ingresos que los interesados debían hacer en concepto de inscripción", dice la acusación pública.

Esas cantidades "fueron fijadas unilateralmente por él mismo", sin requerir a la asociación el preceptivo proyecto curricular de los cursos programados, según apunta el ministerio público, en su escrito provisional, indicando que el acusado "se apropió de las cantidades abonadas por las personas que participaron en los cursos en concepto de inscripción".

Le acusa de un delito de malversación de caudales públicos, que castiga a la autoridad o funcionario público que cause un perjuicio al patrimonio administrado, por el que solicita que se le imponga una pena de cuatro años y medio de prisión; y, alternativamente, nueve meses de multa con una cuota diaria de 20 euros, si se aplica el apartado de menor cantidad de dinero detraída.

Además, se insta a la suspensión para empleo o cargo público durante 21 meses y a que indemnice a la Escuela de Policía dependiente del Ayuntamiento con los 4.338 euros "distraídos". El Ayuntamiento de Coín está como responsable civil subsidiario y UGT como acusador particular.