Un total de 627 mujeres y niñas son potencialmente víctimas de trata con fines de explotación sexual en la provincia de Málaga, según datos proporcionados por el Cuerpo Nacional de Policía de Málaga. Además, desde el año 2016, 113 mujeres -7 de ellas menores- han sido liberadas de la explotación a la que las sometían las 13 redes de trata desarticuladas por las que se han detenido a 146 personas. Nigerianas (52 mujeres), dominicanas (16), búlgaras (15) y rumanas (7), de 18 a 23 años, son las nacionalidades y edades más comunes en este ílicito negocio que se erige como el tercero más lucrativo del mundo, tras la venta de drogas y de armas, al mover 29.000 millones de euros, según Naciones Unidas. "La mayoría viven hacinadas en pisos de alquiler", explica la pedagoga de la Asociación Mujer Emancipada, Remedios Trujillo, que alega que "las vejaciones y daños que han sufrido les crea un miedo que les impide denunciar su situación".

No obstante, para la mayoría de estas chicas su particular vejamen no comienza al llegar a España. Vienen de zonas de conflictos armados, donde abunda la pobreza extrema y donde no hay derechos fundamentales que les garanticen no sufrir discriminación y violencia de género. "Algunas, como las nigerianas, saben a lo que vienen -aunque no en qué condiciones- y pagan por el viaje hasta aquí, pero otras muchas vienen engañadas", explica Trujillo. "Se les promete una nueva vida y Europa se les presenta como una oportunidad de desarrollo, pero pronto se encuentran con la realidad". Una realidad, que sin embargo, "muchas llegan incluso a normalizar como parte del proceso migratorio que viven", señala Carla Cingolani, coordinadora del Área de Investigación de Mujeres en Zonas de Conflicto. Este mundo, en el que las violaciones, las palizas, el alcohol y las drogas se convierten en elementos normalizados, las sumen en un estado en el que ni una futura liberación significa una salida. "Son mujeres sin formación ni experiencia laboral que a lo que siempre se han dedicado es a esto y muchas al final acaban volviendo", comenta Trujillo, que reclama más mecanismos de ayuda para que estas mujeres no tengan que volver a trabajar en la prostitución.

"El problema es que no hay mecanismos para realmente discernir y detectar indicios de trata y poder proporcionar protección a la víctima y promover la persecución del delito". "Debería haber una ley integral que acometiese una reflexión general sobre las reformas que se tendrían que hacer en el ordenamiento jurídico a partir de afrontar tres ejes: prevención, restitución y sanción". Quien habla es la abogada de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, María Ángeles Jaime de Pablo, que pide más medidas que fomenten la inclusión de la víctima por medio de una ley integral que ahora mismo no existe.

En España, el único marco legal que aporta protección a la mujer que presenta indicios de estar siendo víctima de un delito de explotación sexual es el Artículo 59 bis de la Ley de Extranjería, que establece un período de restablecimiento y reflexión de 90 días para que la víctima decida si colabora o no con las autoridades en la investigación del delito a cambio de la obtención provisional de un permiso de residencia y de trabajo. Sin embargo, la gran mayoría rechaza acogerse a este período de restablecimiento y reflexión. En Málaga, por ejemplo, sólo lo hicieron 17 mujeres. "La violencia y la vulneración de los derechos que han sufrido es tan dramática y grande que para sobrevivir quieren borrar su pasado y les es muy duro colaborar", afirma Cingolani, que pide que el período de reflexión sea más flexible y que se cuente más con organizaciones que traten con las víctimas para que superen el miedo a dar su testimonio. ¿Qué sucede con estas víctimas si rechazan colaborar? Si se encuentra en situación irregular en España, "salvo casos excepcionales", apunta Jaime de Pablo, se emitirá una orden de expulsión del país, quedando sólo abierta la posibilidad de permanecer por vías generales, y no específicas -porque no existen-, como pidiendo protección subsidiaria y derecho de asilo, explica la abogada. "Definitivamente, hay que crear una ley integral que aborde todas las formas de trata y vincule a todas las administraciones a todos los niveles", concluye Cingolani.