BAJO la situación de crisis a la que se enfrenta el Estado y los españoles, se debate sobre si es mejor reducir el gasto público o aumentarlo. La consecuencia del aumento es el déficit público, que se produce cuando los gastos son mayores que los ingresos y que, como consecuencia de su acumulación en el tiempo, da lugar a la deuda pública. Para satisfacer sus necesidades de financiación, el Estado tiene varias posibilidades. Puede, por ejemplo, subir los impuestos, que ha sido una de las opciones utilizadas por el Gobierno y que ha llevado, entre otras medidas, a elevar dos puntos el IVA desde el pasado 1 de julio o a aumentar el impuesto sobre la renta, que reducirá el ahorro de las familias y, con ello, su consumo e inversión.

Otra opción para un país -no para España ni el resto de Estados del euro, puesto que la decisión en ese ámbito corresponde ya al Banco Central Europeo- es emitir dinero, aunque si lo hace de manera descontrolada podría dar lugar a un problema de inflación, reduciendo su poder adquisitivo y provocando un perjuicio generalizado a toda la población. Podría también emitir deuda pública, esto último podría ocasionar un efecto crowding-out, es decir, competencia con el sector privado por los recursos financieros, por lo que cabría esperar una probable reducción de la inversión privada en empresas.

Cuando una economía se encuentra en auge y aumenta la recaudación, los gobiernos tienen la posibilidad de aumentar el gasto, lo que se traduce en un estímulo para la demanda y, con ello, del consumo y la inversión, lo que, a su vez, mejora los ingresos impositivos. Desde esta perspectiva, la magnitud del déficit tendría una relación directa con el ciclo y con el crecimiento de la economía, aunque también con el nivel de inflación y con la política impositiva del Estado. Por todo ello, en la etapa de 2003 a 2007 en España hubo un superávit cercano al 2% del PIB.

Contrastemos la situación con la de una etapa de crisis. La reducción del consumo y la inversión provocaría una contracción los ingresos por impuestos. Durante las crisis se reduce, por tanto, la recaudación impositiva y aumenta el gasto y, como consecuencia de ambos, el déficit. El aumento del gasto público puede deberse a las políticas sociales, pero es frecuente que los gobiernos utilicen sus remanentes de los años de crecimiento para intentar amortiguar la caída del consumo y la inversión, aunque normalmente nunca consiguen evitar que la economía se deprima. En cualquier caso, aparecen nuevas necesidades de financiación para el sector público, que siempre terminan provocando la aparición de efectos crowding-out, puesto que reduciría la inversión empresarial y las posibilidades de que las empresas adquirieran financiación para cubrir sus gastos, elevando el tipo de interés y como consecuencia las empresas deberán pagar más para cubrir sus deudas.

En el caso de España, el Gobierno optó por incrementar el gasto en las etapas iniciales de la crisis. Se trató de una opción polémica por sus efectos sobre el déficit, pero justificable desde el punto de vista de tratar de evitar el desplome de la demanda. La cuestión es que ahora se culpa del déficit al excesivo nivel de gasto público, aunque se trata de una responsabilidad que, como mínimo, habría que repartir con las ayudas públicas al sector bancario. Si se compara la magnitud de los estímulos fiscales con el coste de las ayudas a los bancos, se concluye que el esfuerzo ha sido relativamente pequeño, ya que los primeros han representado un 1,1% del PIB, mientras que las ayudas a bancos por peligro de quiebra o necesidades de financiación se encontraban alrededor del 14,3%.

Uno de los grandes problemas que ocasiona una crisis es el paro, debido a la falta de inversión empresarial y la reducción de plantilla que necesitan las empresas para sobrevivir a la crisis, de igual modo el Estado deja de contratar funcionarios o cuando decide disminuir la inversión en infraestructuras. Un ejemplo de este último se ha podido apreciar en estos días, cuando desde el Gobierno se ha anunciado la paralización de muchas inversiones en infraestructuras, salvando sólo aquellas cercanas a su finalización. Esta reducción provoca una disminución en la creación de empleo y en la productividad, pudiendo afectar esto último negativamente a la competitividad, lo cual a su vez, generaría presiones sobre el empleo. Actualmente en España el número de parados ronda los 4,6 millones, un 20% del total de activos, lo que nos sitúa como el país con más paro de toda la Eurozona. Uno de los colectivos más afectados es el de jóvenes menores de 25 años, con cerca del 40 % de paro.

No sólo el paro afecta al nivel de vida en España, sino que, debido a la magnitud de la crisis, nos encontramos con un déficit público de dimensiones extraordinarias, hasta el punto de convertirse en uno de los principales obstáculos para salir de ella, obligando al Gobierno a sacrificar partes importantes de sus gastos sociales. Un ejemplo de ello lo podemos observar en la reducción del salario de los funcionarios en una media del 5% y su posterior congelación en 2011; la congelación de las pensiones y su no revalorización en 2011; las comunidades autónomas, que deciden el 36% del gasto público, deberán reducir sus gastos; recorte de los sueldos del Gobierno un 15%; eliminación del cheque-bebé (prestaciones por nacimiento) a partir de 2011 y una reducción del gasto farmacéutico; y una reducción de la inversión pública. En cuanto a los ingresos, la subida del IVA al 18% y del impuesto sobre las rentas, este último afectará sobre todo a las rentas más altas, son el mayor dilema, dado que se teme una reducción del consumo y la inversión, y esto causará otro desplome en los ingresos del sector público. Algo parecido se espera de la subida del IVA, sobre todo en el caso de las familias de nivel medio, por lo que quizás se podría haber realizado un mayor esfuerzo en la contención del gasto durante la crisis y dejar la subida de impuestos para cuando se recupere el crecimiento.

El problema no se encuentra sólo en el aumento o en la reducción del gasto, sino también en la responsabilidad de decidir en qué se gastan los fondos y en qué se dejan de gastarlos.