La polémica por el internamiento de medio millar de inmigrantes en la cárcel de Archidona continúa. Ayer, el sindicato Acaip presentó ante el juzgado de Archidona una denuncia por supuesta detención ilegal y solicitó como medida cautelar su puesta en libertad. También sigue el enfrentamiento político en torno a esta decisión y mientras Podemos Andalucía reclamaba la dimisión del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, el PP defendía la medida por boca de su líder andaluz, Juan Manuel Moreno, como fórmula para que no fueran a "campamentos como tienen en otros países".

El sindicato Acaip fundamentó su demanda presentada en Archidona en que su ingreso en esas instalaciones se produce "en contra de mandamientos judiciales que ordenaban el internamiento en un centro no penitenciario". Los inmigrantes deben ir a centros de internamiento de extranjeros (CIEs), no a una prisión. Pero como esta red estaba colapsada y los inmigrantes llegados en patera son argelinos -pueden ser devueltos en virtud de un acuerdo entre España y ese país- fueron enviados allí para su expulsión. Algo que no ocurre con otros estados con los que no hay convenio y cuando no hay lugar en los CIEs son puestos en libertad.

Ayer, representantes de cinco sindicatos -Acaip, UGT, CCOO, CSIF y Siga- mantuvieron una reunión en Madrid con responsables de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias durante la que abordaron, entre otros temas, la situación de los 507 inmigrantes de Archidona. Durante el encuentro lucieron camisetas en las que podía leerse Ser inmigrante no es delito.

Acaip también ha puesto una denuncia en el juzgado almeriense de Vera, uno de los siete que intervinieron en la oleada de pateras llegada a esa provincia y a Murcia. En este caso, por estafa procesal, falsificación de documento público y desobediencia. El argumento es que las órdenes para enviar a los inmigrantes de Archidona se basan en un "dato falso" porque se les internó en el "centro no penitenciario de extranjeros de la Jefatura Superior de Policía de Archidona". Y ni existe esa jefatura en ese municipio, ni ese CIE. Es la cárcel la que, de forma provisional, se usa como tal.

No todas fueron voces críticas. La fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ana Tárrago, aseguró que "hay garantía" de cinco jueces de que "se están protegiendo los derechos de las personas". El presidente del PP-A precisó que los inmigrantes fueron trasladados a "una infraestructura en desuso" y ante las críticas del PSOE preguntó a sus dirigentes si "quieren que hagamos unos campamentos como tienen otros países y que montemos unas tiendas de campaña en un descampado en el campo". Desde el comienzo de esta polémica, el Ministerio ha mantenido que la legislación española prevé que se puedan usar cárceles como CIEs en casos excepcionales siempre que los inmigrantes no tengan contacto con los presos comunes. En este caso, la prisión no estaba en uso porque aún ni siquiera se había inaugurado.

Los socialistas por su parte instaron al Defensor del Pueblo español a investigar la situación. Cáritas elevó una queja a esta institución que se suma a la ya presentada por una veintena de asociaciones hace un par de días. La Red Andaluza de Inmigración y Ayuda al Refugiado se unió a las voces críticas y solicitó al Defensor que visite las instalaciones. La petición alude a la supuesta presencia de dos menores notificada ya a la Fiscalía por los letrados de Málaga Acoge.

Desde Acaip, su presidente, José Luis Pascual, criticó que el Ministerio del Interior "no haya pensado en las personas; ni en los inmigrantes, ni en los funcionarios de prisiones que tienen su puesto en la cárcel de Archidona, ni en los policías que han tenido que desplazarse con urgencia hasta allí". El pasado 6 de noviembre, se les adjudicó la plaza a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias que se desempeñarán en esa prisión a partir de enero. "Puestos de trabajo que ahora no pueden ocupar", según el sindicato. Por otra parte, la Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes, IU, Málaga Ahora, Podemos y Málaga para la Gente retomaron dos acuerdos para declarar a Málaga "ciudad libre de CIEs".