A todas las crisis que marcan los primeros nueve meses del equipo de gobierno del PP se suma de nuevo la judicial. Francisco de la Torre observa cómo la labor de uno de sus concejales, la responsable de Cruz de Humilladero y Servicios Operativos, Teresa Porras, despierta las sospechas de la Fiscalía, que ha pedido al juzgado decano que investigue la posible existencia de delito en la contratación de obras menores.

Lejos de admitir duda alguna respecto a cómo actuó años atrás la concejala, que llegó a dejar en manos de una empresaria vinculada al PP (formó parte de la Ejecutiva del partido en el distrito de Campanillas y fue interventora de la formación en unos comicios europeos) el regidor reafirmó su confianza en Porras y atacó de lleno a la Fiscalía. Al punto de que insinuó sin ambages el interés electoralista de reactivar el caso Porras poco antes de las elecciones andaluzas del próximo 25 de marzo.

"El PSOE se encarga de plantear cuestiones justo en vísperas de elecciones locales y da la casualidad que la Fiscalía las mueve justo en víspera de las elecciones autonómicas", dijo De la Torre, que se mostró convencido de que en este asunto no hay nada. Y apostilló, en referencia al fiscal encargado del caso: "¿Por qué ha tardado diez meses en mover el papel, que no ha hecho más que eso. Y pasado ese tiempo y dice, 'pum', lo cuento. Eso es una casualidad?".

No es la primera ocasión en la que el alcalde cuestiona el proceder de la Justicia en asuntos que o le tocan de forma personal, como ocurrió con el caso Garabato, o afectan a algunos de sus concejales, como pasó a finales del pasado mandado con el entonces responsable de Urbanismo Manuel Díaz Guirado. En el primero de los supuestos, De la Torre llegó a decir que el Tribunal Supremo, que había exculpado a los concejales del PSOE que acusaron al regidor de beneficiar a su madre en la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística, manipuló cifras y cometió "un error de bulto".