Entre 18 y 20 millones. Esa es la horquilla entre la que la Universidad de Málaga (UMA) debe reducir su presupuesto para encajar los recortes dispuestos por el Gobierno central y que en toda la enseñanza superior de Andalucía ascenderá a 130 millones. La cifra la dio la rectora, Adelaida de la Calle, en el informe que presentó ayer ante el Claustro. "Hay que hacer sacrificios en el gasto corriente y en las inversiones. Probablemente en los sueldos, pero intentaremos eliminar la incidencia de esos recortes sobre el capital humano de las plantillas", sostuvo.

De la Calle reiteró que los rectores seguirán trabajando para intentar "que no se produzcan más intromisiones en la autonomía universitaria" y advirtió que rechazan que a través de los recortes se plantee "una contrarreforma universitaria que traería profundos cambios estructurales en las instituciones académicas". La rectora participó en el paro que trabajadores y estudiantes de la UMA protagonizaron ayer de 12:00 a 12:10 y que se complementó con una concentración ante la Facultad de Derecho a la que se sumaron unas 200 personas. "Sabemos que la situación económica es muy mala y estamos dispuestos a sacrificios, pero eso no quita que manifestemos nuestro desacuerdo con los recortes y nuestra defensa de una universidad pública", apuntó la rectora. Los manifestantes mostraron folios impresos en los que podía leerse "Más contrataciones", "Universidad pública para todos" y "No a la subida de tasas". Ya la semana pasada, el Consejo Económico y Social de la UMA se pronunció contra los recortes.

Según María José Rodríguez, representante de CCOO, las restricciones presupuestarias del Gobierno central además de impedir contrataciones, supondrán un incremento de las tasas del 15 al 100%, una reducción de las becas del 11% y un descenso de la actividad investigadora del 25%.

Ayer, en la concentración de Derecho estaban Fernando Ureña, estudiante de Informática, y José Alberto Arjona, de Ciencias de la Educación. Ureña aseguraba que con el incremento de tasas, el próximo curso le será imposible ir a la Universidad. Él y sus dos hermanos son universitarios. Calculaba que con los incrementos de matrículas y la reducción de becas deberán desembolsar para los tres unos 10.000 euros. "Mis padres [ambos profesores de Bachillerato] no nos las podrán pagar", concluía.

Arjona tiene una hermana que en septiembre entra en la Universidad. El próximo curso sus padres deberán afrontar casi 6.000 euros de matrículas. Su madre es limpiadora en una residencia y su padre, electricista, lleva dos años desempleado. "Mi continuidad en la Universidad y el acceso de mi hermana peligran", temía ayer.

También ante la Delegación de Educación, en el Edificio Negro, hubo concentración. En este caso, para exigir la retirada del plan de ajuste de la Junta de Andalucía que según CCOO, si se aprueba, supondrá "el despido de miles de trabajadores del sector público y el debilitamiento de los servicios que la administración ofrece a diario a la sociedad". El Gobierno andaluz ha paralizado el plan, pero de momento no ha habido reunión con los sindicatos. También ayer CSIF protagonizó una manifestación ante la Delegación del Gobierno de la Junta. En ese mismo emplazamiento, CCOO ha convocado para mañana a las 20:00 una cacerolada.