La ONG Málaga Acoge ha organizado una campaña de crowdfunding durante el mes de noviembre con la excusa de recaudar 1.000 euros para apoyar el servicio jurídico que sostienen ocho abogados voluntarios pero, sobre todo, para darle visibilidad a un servicio que es la espina dorsal de la entidad desde que vio la luz en 1990.

Bajo la dirección de la letrada Liliana De Rossi, la única contratada, los abogados roban tiempo de su despacho para poner su experiencia y conocimiento al servicio de quienes no pueden ni acudir a una comisaría para denunciar un delito. "Siempre he sentido la necesidad de ayudar y siendo profesional la mejor opción es buscar una asociación donde poder contribuir con mis conocimientos", explica Pepi Díaz que junto a Ana Dori de Lacour son voluntarias en la sede central de Málaga Acoge. El resto están distribuidos en las oficinas de Torre del Mar, Fuengirola y Antequera.

Cada año atienden a más de 700 usuarios nuevos, son horas destinadas al asesoramiento para tramitar documentos de residencia, trabajo y nacionalidad, interponer recursos o acompañar a los usuarios, por ejemplo, a una comisaría porque toda persona sin documentación en regla que pisa una centro policial -con la única excepción del Edati de la Guardia Civil- corre el riesgo de ser detenida y expulsada.

Liliana De Rossi pone el acento en la "motivación" de los voluntarios que no solo ofrecen su tiempo y experiencia, sino que también lo hacen en una rama del derecho "compleja y cambiante, que exige mucha especialización y actualización". La implicación de los ocho voluntarios -entre ellos el cofundador de Málaga Acoge, el abogado Málaga Acoge, que colabora con la sede de Torre del Mar- "va más allá del derecho de extranjería, es una preocupación general por los derechos humanos".

El servicio jurídico es "el último recurso" para aquellas personas que no pueden pagarse un letrado y se encuentran contra las cuerdas de la reglamentación. Ana Dori de Lacour y Pepi Díaz explican el caso de un enfermo grave de cáncer ingresado en Carlos Haya que necesita un familiar que lo cuide pero su familia no conseguía ningún permiso para poder desplazarse desde Marruecos. "Estamos tramitando los permisos por razones humanitarias".

Frente a la aridez del derecho administrativo puro y duro, la extranjería abre las puertas del corazón al derecho, una invitación que pocos voluntarios resisten. Cada caso es una historia, una familia, un anhelo. Las dos voluntarias trazan otro asunto de los últimos días sufrido por una usuaria originaria de Chile forzada a viajar a Argentina durante unas semanas por la muerte de una hija. Los extranjeros con permiso de trabajo no puede abandonar el país más de seis meses. "Hemos tenido que contar con mucha atención el tiempo que ha estado fuera y ¡casi!, por 14 días podrá renovar los permisos", aunque se han encontrado con un segundo escollo porque también debe acreditar que ha cotizado a la Seguridad Social. "Por el momento ha logrado un contrato de media jornada".

Una de las características del servicio jurídico de Málaga Acoge reside en la fidelización del usuario. No solo hay 700 nuevos al año, sino que cada uno de ellos vuelve cada vez que el sistema amenaza de nuevo con dejarlo fuera, un riesgo que ha ido a más con la crisis y interpretación cada vez más restrictiva de las normas. Ana Dori de Lacour cree que los prejuicios y falsas creencias han ido a más en estos años, hasta el punto de que existe un caldo de cultivo social que favorece el acuerdo político frente a la inmigración.

En este sentido, el equipo de letrados ejerce también de observador de la legalidad para frenar el avance de medidas que arrollen derechos básicos. Un ejemplo de esta labor fue la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictada en junio de 2015 que impide la expulsión de un extranjero con antecedentes penales si es el padre que ejerce la guardia y custodia de niños menores de edad nacidos en Europa. Otro ejemplo de éxito lo rubricó hace un par de años cuando logró que el Ayuntamiento de Fuengirola retirara una disposición que impedía adjudicar viviendas de protección oficiales a familias que tuvieran algún miembro sin documentación en regla, sin importar la situación del resto de los integrantes de la familia.

El servicio jurídico se mantiene con recursos muy limitados, fundamentalmente fondos captados a través del programa Némesis del Ministerio de Empleo, que cubre parte del salario de Liliana De Rossi, y las aportaciones de los socios.

La campaña de micromecenazgo, integrada en la iniciativa global Giving Tuesday, contempla tres opciones: donación de 10 euros para prestar una hora de asesoramiento al año, 30 euros, con los que cubrir el coste de un asesoramiento completo a una persona, y 100 euros para respaldar los recursos ante la administración y la defensa de los derechos en los tribunales.

No obstante, Málaga Acoge pretende ir más allá, darle visibilidad al trabajo de los abogados voluntarios y llamar la atención de la sociedad. "No queremos que los interesados se queden en el Giving Day, sino que se hagan socios. Ese es el objetivo. La sociedad tiene que ser consciente de que garantizar los derechos de todos significa garantizar más oportunidades no solo para los extranjeros, sino para todos", puntualiza Liliana De Rossi.