Un tercio. Más exactamente, un 36%. Ese es el porcentaje que han descendido las agresiones a médicos a lo largo de 2011 en la provincia con respecto al año anterior. El dato -que incluye tanto los ataques físicos como los insultos y las amenazas- es un avance dado esta semana por el Colegio de Médicos. En total, el año pasado se registraron 27 agresiones a facultativos. Una cifra que supone una reducción importante con respecto a ejercicios anteriores y la más baja desde 2008. En los últimos años, el número de agresiones estaba estabilizado y no lograba reducirse pese a diferentes medidas adoptadas por la Administración. En 2010 se registraron 42; en 2009, 40 y en 2008, 41. Con estas cifras, Málaga ocupaba el séptimo lugar de España en agresiones a facultativos, con una tasa de 4,91 por cada mil galenos.

Desde el Colegio de Médicos se atribuye el descenso experimentado en 2011 a una mayor sensibilización social y a las condenas ejemplarizantes que están recibiendo los agresores. "La reducción es un trabajo de todos. Del esfuerzo de la asesoría jurídica del Colegio; de la mayor sensibilidad de jueces y fiscales con el tema y también de la labor de los medios de comunicación", apuntó el abogado de la entidad profesional José Enrique Peña. Para el letrado, "el ciudadano está empezando a ser consciente de que las agresiones no salen gratis, que tienen un precio y un castigo".

La última agresión contabilizada en 2011 se registró en el Hospital Quirón contra un ginecólogo. Fueron insultos. Los hechos han sido dirimidos como un juicio de faltas y el juez impuso al agresor una orden de alejamiento de seis meses. Pero hay sentencias más ejemplarizantes aún. Después del pasado verano, un hombre que agredió a dos médicos en el centro de salud de Las Albarizas allá por el año 2002 tuvo que pagar 18.300 euros para no entrar en prisión. La defensa de los facultativos la llevó la asesoría del Colegio de Médicos de Málaga. El juez condenó al agresor a dos años de cárcel por un delito de atentado y dos de lesiones. Pero en estos casos, si la pena no supera los dos años, es el primer delito del condenado y abona la indemnización impuesta, puede eludir la prisión. El agresor tenía que pagar 6.800 euros a un médico y 11.500 a otro, según las cuantías estimadas por los forenses y dispuestas por la sentencia. Como no hacía efectivo el pago, el juzgado ordenó su ingreso en prisión. Finalmente, pagó el monto in extremis para eludir la cárcel.

Desde hace más de un lustro, las agresiones se tipifican como un delito de atentado por dirigirse contra un funcionario público, lo que ha elevado las penas ya que hasta hace unos años se saldaban con una pequeña multa.