El agua como motivo de disputa por el interés de los municipios

  • La nueva ley de agua señala que será la Junta la que decida de dónde se abastece un municipio

El agua es uno de los motivos más recurrentes en los conflictos protagonizados por los municipios de la provincia de Málaga. El interés de las empresas suministradoras por obtener los mayores beneficios posibles con la prestación del servicio está detrás normalmente de este tipo de guerras que se agravan más en periodos de sequía como el actual.

El ejemplo más claro es la batalla que en varias ocasiones han librado la Empresa Municipal de Aguas de Málaga (Emasa) y la empresa pública de abastecimiento de la Costa del Sol occidental (Acosol) por el intercambio de recursos hídricos en casos de emergencia.

Todo empezó cuando hace casi dos años Acosol decidió que el envío de agua a la capital desde el pantano de La Concepción dejaría de ser gratuito a partir de ese momento. La empresa de agua de la Costa del Sol reclamó entonces el pago de los recursos enviados durante cuatro meses, que ascendían a una cuantía de 128.000 euros.

De ahí que ahora Emasa no quiera recibir agua procedente de este embalse a menos que sea estrictamente necesaria por la falta de reservas en los embalses del Guadalhorce, ya que es mucho más económico abastecerse de los acuíferos y aguas superficiales de Aljaima.

Lo mismo ocurre con el agua procedente del pantano de La Viñuela, que abastece a la zona oriental de la provincia. Axaragua y Emasa protagonizaron una nueva guerra del agua cuando la primera anunció hace un año su intención de incrementar la tarifa de 6 céntimos por metro cúbico que ambas acordaron en el convenio que firmaron en 2003.

También Torremolinos ha optado por abastecerse de los acuíferos de la Sierra de Mijas para no tener que pagar las tarifas que marca Acosol.

Pero estos conflictos entre municipios dejarán de existir cuando entre en vigor la nueva Ley Integral del Agua de Andalucía. A partir de entonces, será el Gobierno andaluz el que decida la fuente de suministro de la que se debe abastecer cada municipio en función de los recursos disponibles y no según los intereses económicos de las empresas suministradoras o ayuntamientos.

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