Una carta con su dimisión pero sin fecha. Eso es lo que han pactado la alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, y el coordinador provincial de IU, José Antonio Castro, para tratar de "zanjar" la polémica generada por las supuestas anomalías detectadas en la gestión de la regidora y sustentadas en las denuncias de presuntas contrataciones irregulares. Así lo dio a conocer ayer Castro, que precisó que el citado escrito sería efectivo siempre que Muñoz sea imputada por un delito de corrupción (prevaricación, tráfico de influencias...) por la juez que investiga este caso. En ese supuesto, aclaró que la alcaldesa "dimitiría de su puesto de concejal, ya sea antes o después de las elecciones".

Cabe recordar que la alcaldesa se encuentra en este momento imputada por un presunto delito contra la Administración, aunque el dirigente de IU justificó esta decisión de la juez como una garantía para que Muñoz declarase acompañada de su abogado.

A ello se suma la determinación de abrir un expediente informativo, al objeto de recabar toda la documentación posible, puesto que se trata, según apostilló, de un tema que preocupa a los máximos responsables de la formación a nivel regional y estatal.

La última novedad conocida sobre las sombras en la labor de Muñoz la ha aportado el informe que el secretario del Ayuntamiento ha remitido al juzgado que investiga las presuntas contrataciones irregulares y que constata la ausencia de selección de personal desde el año 2007. En el documento se señala también que fueron contratados 16 de los 17 integrantes de la lista de IU en las pasadas elecciones municipales. Sobre ello, Castro precisó que muchos de ellos son cargos de confianza.