El convenio firmado en junio de 2005 por la entonces Consejería de Obras Públicas y el Ayuntamiento de Málaga para impulsar una inversión próxima a los 100 millones de euros en la recuperación de los arrabales del casco antiguo de la capital queda definitivamente liquidado. La muerte de este ambicioso proyecto, que incluía la construcción de varios cientos de viviendas destinadas a jóvenes profesionales, bautizadas como tecnocasas, quedó ayer formalmente decretado.

Por medio de un comunicado de prensa remitido por la Consejería de Fomento, se informó de que este ente y el Consistorio habían alcanzado un acuerdo para dar por resuelto este convenio. Ello afecta directamente a cerca de sesenta solares que, conforme al programa inicial, iban a ser expropiados para el desarrollo de las medidas previstas. Sin embargo, a pesar de las enajenaciones, muchos de los propietarios de estos suelos están aún pendientes de cobrar, superando la cuantía los 8 millones de euros.

Se da la circunstancia de que si bien no todas estas fincas serán aprovechadas, las dos administraciones sí tienen el compromiso de intervenir sobre algunas de ellas. En el caso municipal, la apuesta se focaliza sobre varios terrenos en la zona de Lagunillas y Gigantes, donde promueve unas 200 viviendas sociales, por los que tendrá que pagar a la Junta. Por su parte, Fomento mantiene su compromiso en, una vez finalizado el convenio, poner en marcha la licitación para construir 28 viviendas en la calle Parras, con un coste estimado de 1,9 millones; y rehabilitar el corralón de la calle Curadero, que acoge 13 viviendas, agregando al mismo un solar de Rosal Blanco para levantar otros tres pisos. Esta última intervención se valora en cerca de un millón.

El encuentro celebrado ayer permitió resolver los escollos pendientes, entre los que mencionaron el calendario de los pagos que las partes se comprometen a efectuar, la asunción de las costas procesales de los procedimientos en curso y la composición de la comisión de seguimiento. La cita estuvo presidida por la secretaria general de Vivienda de la Junta de Andalucía, Catalina Madueño, y el concejal delegado de Ordenación del Territorio y Vivienda, Francisco Javier Pomares.

La comisión técnica creada para cerrar el convenio ha venido trabajando en las discrepancias que ambas instituciones mantenían en este asunto. Sobre el particular, indicaron que ayer quedaron resueltos "los pocos asuntos pendientes, entre ellos el calendario de los pagos que las partes se comprometen a efectuar, la asunción de las costas procesales de los procedimientos en curso o la composición de la comisión de seguimiento".

La secretaria general de Vivienda valoró el esfuerzo de ambas administraciones para culminar ahora el procedimiento administrativo para resolver el convenio. El mismo incluye la evacuación de los preceptivos informes jurídicos y presupuestarios, de una parte y otra, que deberán refrendar la viabilidad de las actuaciones previstas. "Lo importante, una vez tomada la decisión de resolver el convenio, era acelerar la toma de las decisiones pendientes, a fin de hacer efectiva la voluntad de cerrar este capítulo lo antes posible y poder ponernos a trabajar en los asuntos que cada Administración asumirá en el documento de resolución del convenio", dijo Madueño.