Las defensas de Malaya cuestionan las investigaciones del juez Torres

  • La vista de las apelaciones de los imputados por la presunta corrupción en Marbella arranca con críticas al "maremagnum" del auto de procesamiento y a sus "acusaciones corales", "sin concretar" los indicios delictivos

Los abogados de los procesados en el caso Malaya arremetieron ayer sin piedad contra el auto de procesamiento que dictó en julio de 2007 el juez Miguel Ángel Torres contra el centenar de personas que de acuerdo con las investigaciones formaron parte y se beneficiaron de la trama de corrupción urbanística y política en este municipio. Aunque las defensas acudieron "con pocas esperanza", en palabras del letrado Ernesto Osuna, que representa al ex concejal gilista Rafael González, por las posibilidades de un trámite procesal que viene predeterminado por un auto que catalogaron de "maremagnum", en el que no se detallan los indicios concretos contra cada persona, sino que hacen "acusaciones corales y genéricas", según expuso ante el tribunal el abogado Hipólito Marín, defensor de la ex edil andalucista María José Lanzat.

El abogado Pablo Osuna, que defiende a la ex alcaldesa de Marbella Marisol Yagüe, explicó que el auto es un "maremagnum" porque "hace grupos de personas a las que procesa despreciando el procedimiento" sin determinar con precisión qué indicios corresponden a cada procesado. Criticó que la acusación "se ha construido a espaldas de las defensas y los acusados", y rememoró las reprobaciones Michel Foucault que en 1770 se quejaba de la imposibilidad de los acusados "de acceder a declaraciones o testigos" mientras los magistrados ponían oído a las "denuncian anónimas". Los nueve letrados que intervinieron ayer en la vista oral del recurso coincidieron en criticar la inconcreción del auto y la celeridad con la que se dictó, apenas unos días después de levantar el secreto sumarial y sin tener, en consecuencia, tiempo suficiente para conocer el contenido de las investigaciones que durante dos años se habían desarrollado.

El abogado José Aníbal Arias, en representación de Juan Antonio Roca, supuesto cerebro de la trama marbellí, fue quizás el que menos se entretuvo en denunciar las formas y contenidos del procesamiento para entrar directamente a defender la inocencia de su patrocinado. El letrado cuestionó la validez de las declaraciones que realizaron los ex concejales imputados al ser detenidos para asegurar que se trató de "confesiones interesadas" para tratar de eludir la prisión. También criticó cómo la Policía atribuye a Roca la dirección de esta supuesta trama urbanístico política "cuando Juan Antonio Roca no diseñaba el urbanismo de Marbella, sino Jesús Gil y en el Ayuntamiento no se movía nada sin Gil".

En esta misma línea argumental catalogó de "elucubraciones" sin "acreditar" la responsabilidad que supuestamente Roca tuvo en la preparación de la moción de censura que desbancó a Julián Muñoz para llevar a la alcaldía a Marisol Yagüe. "No se puede llegar hasta aquí por indicios", dijo. De la misma forma sostuvo que las sociedades a través de las que presumiblemente se descapitalizó el Ayuntamiento "cumplían todos los requisitos legales" , al tiempo que rechazó que el patrimonio de su defendido fuese realmente de 20.000 millones "como se dijo, porque esta cantidad corresponde en realidad al pasivo de esas sociedades".

Otro punto esencial fueron las siglas o acrónimos que se hallaron en los documentos intervenidos por la Policía en la sede de Maras. Estas iniciales, de acuerdo con el criterio de los investigadores, correspondían a los nombres de los concejales del Ayuntamiento y junto a ellas figuraban, supuestamente, las cantidades que Roca les entregaba por favorecer determinadas actuaciones fuera de la ley. El letrado afirmó que "nunca nadie le ha preguntado a Juan Antonio Roca a qué corresponden esos acrónimos". Estas cuestiones son las que a juicio de esta defensa hacen inviable el auto de procesamiento de ahí que reclame su devolución a la fase instructora "para determinar las fechas e importes y las responsabilidades civiles".

Y si la defensa de Juan Antonio Roca sacudió culpas y atribuyó cualquier responsabilidad al fallecido Jesús Gil, el letrado del ex alcalde Julián Muñoz exigió la revocación de un auto que no considera motivado porque "imputa delitos de cohecho, prevaricación, contra la ordenación del territorio o malversación sin precisar los hechos concretos ni las circunstancias". El abogado Ignacio Prieto además de las cuestiones técnicas que conforman la razón de este tipo de vistas orales, también dio un paso adelante para asegurar que era "difícil" que Julián Muñoz "sacara adelante temas urbanísticos sin el consentimiento de Roca que era quien tenía el control de facto del urbanismo en el municipio".

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