El padre de Campillos que se suicidó tras supuestamente haber matado a su hija tenía una condena a seis meses de prisión por haber amenazado de muerte a su esposa. Pero un año antes ya se habían abierto contra él diligencias por malos tratos hacia su pareja que finalmente fueron archivadas porque ella rehusó declarar.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) informó ayer que en 2011, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Antequera inició las diligencias contra Diego G. P. a raíz de una denuncia de su pareja, P. G. V., "que finalmente se archivaron al no querer declarar ella".

Ese mismo juzgado fue el que, un año después, en diciembre de 2012 lo condenó a medio año de cárcel por un delito de amenazas en el ámbito familiar. Dijo a su entonces mujer "que la iba a matar", señala la sentencia del 3 de diciembre pasado, dos días después de que se produjeran las amenazas. Aquel fallo, ante la falta de antecedentes del agresor, suspendió la pena de prisión condicionada a que no volviera a delinquir en dos años. También le impuso una orden de alejamiento de dos años y la prohibición de comunicar con la mujer durante ese tiempo. En el juicio, la defensa pidió la sustitución de la pena de cárcel, ya que el condenado no tenía antecedentes penales, por programas de formación. El fiscal no se opuso y el juez concedió la suspensión de la pena, informó el TSJA.

Y el mismo juzgado fue el que hace una semana, el 27 de marzo pasado, dictó la sentencia de divorcio de mutuo acuerdo entre los cónyuges en el que se fija además el convenio regulador acordado por ambos. En ese documento se estipulaba que las vacaciones de Semana Santa correspondía que las disfrutara íntegramente el padre. De hecho, era la primera visita de Leonor a su progenitor tras la sentencia de divorcio dictada hace apenas siete días.