La Junta Sectorial de Jueces de lo Penal de Málaga ha denunciando hoy la situación "alarmante" que presentan los juzgados de lo Penal de la ciudad y ha demandado la adopción de medidas urgentes entre las que se encuentran la creación de, al menos, cinco nuevas sedes judiciales.

El colectivo, que se ha reunido hoy, ha subrayado que en 2007 se turnaron a los Juzgados de lo Penal 11.245 asuntos, lo que supone 1.124 por cada uno de los diez existentes, por lo que cada magistrado dictó el pasado año una media de 600 sentencias, mientras que existen alrededor de 11.000 ejecutorias pendientes.

La Junta Sectorial de Jueces de lo Penal ha censurado la "precariedad histórica" con la que desempeñan su trabajo y ha criticado la "actitud generalizada de los distintos responsables con competencia en Justicia de no asumir responsabilidades", según ha apuntado en una nota de prensa el juez decano de Málaga, Manuel Caballero-Bonald.

Entre las medidas solicitadas por los magistrados se encuentra también el incremento de la plantilla de funcionarios de los juzgados de penal para alcanzar los diez trabajadores como en el resto de órdenes jurisdiccionales, "remediando un déficit que se remonta al año 1989, cuando se crearon tales juzgados con ocho funcionarios en vez de con diez".

Los jueces reclaman además el nombramiento de interinos por parte de la Junta de Andalucía a las pocas fechas de producirse la baja o vacante del funcionario titular, frente a los "dos o tres meses" que se tarda en la actualidad.

En este sentido demandan que se designen interinos "con una mínima preparación", dado que existen licenciados en Derecho en las bolsas de desempleo "que no son llamados" y se nombran otros "sin ningún tipo de experiencia o titulación relacionada con la Justicia por motivos que se desconocen".

Otras de las solicitudes son un plan de choque para paliar la grave situación de los juzgados de lo Penal con funcionarios de refuerzo, el establecimiento de herramientas informáticas que permitan cruzar los datos de los distintos juzgados, la reforma de la actual oficina judicial, la creación de un servicio común de ejecuciones de sentencias o la modificación de leyes procesales.