La asfixia económica de los ayuntamientos derivada de la crisis ha corrido pareja a las dificultades para cobrar en tiempo y forma los impuestos locales. Los saldos embargados en las cuentas bancarias se han triplicado desde 2007, mientras que las subastas se han doblado en el mismo periodo. Además, los particulares han aprovechado hasta el máximo las oportunidades que les ha brindado la Administración para fraccionar y posponer los tributos. Tanto es así que la cifra de contribuyentes que aplazan los pagos se ha multiplicado por 12 en tres años.

El Patronato Provincial de Recaudación, que depende de la Diputación de Málaga y se ocupa de la gestión tributaria de 95 de los 101 municipios de la provincia, tiene los datos al día: a 18 de abril tenía abiertos expedientes de subasta que sumaban un importe 19,2 millones de euros. Este es uno de los capítulos que mejor refleja los problemas que sufre el cobro de ingresos corrientes procedentes de tasas e impuestos. En 2007 el Patronato cerró el ejercicio con 464 expedientes de subasta que en conjunto alcanzaban un importe de 9,7 millones de euros. Desde entonces el crecimiento ha sido constante, si bien el pico más pronunciado se produjo en 2009. A finales de 2008 los expedientes de subasta sumaban 10,1 millones de euros, cifra que a finales del año siguiente había crecido hasta los 16 millones. Entre 2007 y 2010 el número de procedimientos de subasta había aumentado en un 81%, hasta situarse en 843, mientras que el importe lo hizo en un 115%.

No obstante, la mayoría de las subastas no llegan a ejecutarse. Es usual que los contribuyentes lleguen a acuerdos para pagar la deuda en el último minuto para evitar la ejecución. Aún así, a finales del año pasado se habían declarado incobrables 4,7 millones de euros.

La evolución de los embargos es otro de los puntos que refleja esta situación. A finales de 2010 se habían trabado en el embargo de cuentas corrientes 16,7 millones. La intervención de los saldos bancarios tiene lugar cuando las deudas tributarias no satisfechas en el plazo voluntario de cobro tampoco son atendidas en el periodo ejecutivo, tras hacérsele llegar a los contribuyentes las correspondientes providencias de apremio y comunicaciones. En este caso el repunte se anticipó un año respecto a las subastas, de modo que si el ejercicio de 2007 concluyó con 5,8 millones trabados, 2008 cerró con 13,8 millones de euros, un 188% más.

El presidente en funciones del Patronato Provincial de Recaudación, Cristóbal Torreblanca, no obstante, destaca que la abrumadora mayoría de los contribuyentes son cumplidores. De hecho, más del 80% de los 400 millones que este organismo recauda se satisfacen en el periodo de pago voluntario y en este sentido resalta el esfuerzo que se ha hecho por facilitar el aplazamiento y fraccionamiento de los pagos. Entre 2007 y 2010 prácticamente se ha multiplicado por 12 la cantidad que se pospone. El año pasado se fraccionaron y aplazaron impuestos locales por un importe global de 37,7 millones de euros, mientras que tres años antes eran exclusivamente 3,8 millones los aplazados.

El Patronato da hasta nueve meses para que los particulares afronten sus obligaciones . "Si el padrón de un impuesto está listo en los primeros meses del año, en marzo se pone al cobro, en noviembre, necesariamente, se tiene que liquidar para saber la recaudación que corresponde a cada municipio. Pues esos son los nueve meses que se dan para aplazar y fraccionar los pagos. Es el límite máximo", resalta Torreblanca.

Estos datos corresponden exclusivamente a los municipios que gestiona el Patronato Provincial de Recaudación. El Ayuntamiento de Málaga es poco proclive a facilitar información sobre su gestión tributaria. El único indicio que han aportado algunas fuentes consultadas es que la morosidad no ha aumentado después del repunte que registró entre 2008 y 2009. A grandes rasgos el comportamiento es similar al que registra la Agencia Tributaria que, en el conjunto del país, embargó el año pasado 3,3 millones de cuentas bancarias. Las diligencias de embargo tanto de bienes muebles como inmuebles, de acuerdo con lo publicado por Cinco Días, superó los 106.000 millones de euros, un 31% más que el año anterior, al tiempo que también tiene sujetos a embargos los salarios de 378.000 contribuyentes.

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