La Policía Nacional ha detenido a cinco personas en las provincias de Zamora, Málaga y Madrid sospechosas de haber defraudado diez millones de euros mediante el impago de préstamos y compras, con lo que da por desarticulada una red criminal. Uno de los arrestos se ha practicado en Benalmádena.

Los investigadores han concluido que constituían sociedades con las que realizaban facturación cruzada con otras empresas para aparentar un incremento de volumen de negocio y financiaban el aumento de su capital social, para después declararse en concurso de acreedores, según la Policía.

También adquirían vehículos mediante financiación, no abonaban los pagos y los revendían en Francia y Portugal; o compraban productos electrónicos que no pagaban y revendían en el mercado negro.

La investigación se inició tras recibirse varias denuncias de entidades bancarias, financieras de vehículos y proveedores de productos electrónicos por el impago de préstamos y de compras.

El método más habitual de la red criminal consistía en que uno de los miembros del grupo adquiría una sociedad con la que comenzaba a operar sin hacer grandes inversiones o desembolsos.

Para aparentar solvencia ante los proveedores a los que querían defraudar, maquillaban la actividad empresarial realizando facturaciones cruzadas con otras empresas investigadas y mediante compras y ventas con terceras empresas, lo que incrementaba el volumen de negocio.

Solicitaban también financiación de pequeñas cantidades que abonaban mensualmente, para no levantar sospechas, y aumentaban su capital social realizando ampliaciones mediante inmuebles con el valor inflado.

Tras aumentar la facturación, accedían a préstamos de mayor cuantía, financiaban vehículos y realizaban pedidos de mayor valor, con la intención de no abonarlos.

La sociedad, a nombre de personas con problemas mentales

Justo antes de solicitar el grueso de la financiación, ponían la sociedad a nombre de un testaferro -personas extranjeras o incluso con problemas mentales o de salud- con el objetivo de no ser descubiertos.

El paso final era declararse en concurso de acreedores, que preparan de forma intencionada para que las quiebras fortuitas se tuvieran que resolver por la vía civil.

Tres de los miembros del grupo fueron detenidos en Zamora, uno en Móstoles (Madrid) y otro en Benalmádena en una operación en la que hay otras ocho personas imputadas por el juzgado de Madrid que lleva la causa. Los arrestados están considerados presuntos responsables de delitos de estafa, frustración de la ejecución, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.