El secretario general de PCA, José Manuel Mariscal, junto al portavoz parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, acompañaron ayer a familiares de Manuel José García Caparrós, el joven malagueño asesinado durante la manifestación de la autonomía andaluza el 4 de diciembre de 1977, a una audiencia con el presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, para reclamar la reapertura del caso para esclarecer la muerte y el impulso de una ley "que acabe con la impunidad de la violencia policial en la transición política".

Así lo manifestó, en declaraciones a los periodistas, Mariscal, quien, junto a diputados de IULV-CA, estuvo con una de las hermanas de García Caparrós, Purificación García Caparrós, con el abogado que lleva el caso, Luis Ocaña, en una reunión con el presidente de la Cámara andaluza para registrar una iniciativa por la que piden que se esclarezcan los hechos y se reconozca a las víctimas.

Mariscal señaló que el encuentro con Durán fue "afable" y "oportuno" tras la aprobación en el día de ayer del dictamen de Memoria Histórica en la Comisión de Cultura, conseguido "gracias al esfuerzo de IU en su momento y al conjunto de fuerzas que apoyaron el dictamen".

Tras explicar que en el mismo figura la creación de una comisión de expertos que evaluará e investigará sobre memoria democrática y las víctimas, el secretario general del PCA celebró que el periodo de estudio que contempla llegue hasta el 28 de febrero de 1980 ya que esto "permite adquirir el compromiso, como lo hemos tenido por parte del presidente del Parlamento, de que la comisión de expertos aborde el caso de Caparrós el primero".

Purificación García Caparrós dijo que acogen con mucha satisfacción y agradecimiento la aprobación del referido dictamen y manifestó que "tras 40 años ya es hora de que sepamos qué pasó aquel 4 de diciembre". "Para la familia es muy importante que esto se lleve a cabo y que sigamos adelante hasta el final", concluyó.

Según ha informado el Parlamento en una nota, en el encuentro con Juan Pablo Durán, han destacado que el dictamen de la referida ley se ha aprobado sin ningún voto en contra, así como han coincidido en señalar el marco temporal que contempla la Ley y que recoge que el Consejo de Memoria Histórica de Andalucía constituirá un grupo de expertos que elaborarán informes e investigaciones.