La Fiscalía de Málaga mantuvo ayer la acusación contra el ex alcalde de Benalmádena Enrique Bolín por un delito contra la ordenación del territorio, al considerar que concedió una licencia en la zona de La Leala "a sabiendas de la ilegalidad, transmitida por los técnicos, e incumpliendo la normativa urbanística".

La fiscal sostuvo la petición de ocho años de inhabilitación y multa de 16.200 euros, según indicó la defensa de Bolín, que pidió la libre absolución del ex regidor, quien aseguró al final de la vista que actuó "correctamente" y no ha cometido "ningún delito". El juicio quedó visto para sentencia en el Juzgado de lo Penal número 7 de la capital.

Bolín sostuvo que tuvo que acelerar la firma del convenio porque los terrenos en cuestión eran necesarios para una obra de Renfe imprescindible para "el bien del pueblo".

Sin embargo, la representante de la acusación pública mantuvo que "se construyó en suelo no permitido" y se cambiaron los usos "para una mayor densidad".

Asimismo, dijo que el acusado "aprobó los decretos con informes contrarios de los técnicos" y precisó que "es posterior a la concesión de la licencia cuando se hizo la modificación de elementos necesaria".

Por su parte, la defensa aseguró que el suelo era urbanizable y que la licencia "no es ni injusta, porque el acto administrativo está legalizado, ni arbitraria ni se dio a sabiendas de su injusticia", e insistió en que el Ayuntamiento era competente para modificar los parámetros urbanísticos.