El último Plan de Acción contra el Ruido diseñado por el Ministerio de Fomento detecta la necesidad de intervenir sobre 23 zonas de la red estatal de carreteras de la provincia de Málaga con el fin de minimizar la incidencia que las emisiones sonoras que el tráfico tiene sobre la población cercana. El documento, que fue expuesto a información pública hace algunos meses y está pendiente de que se resuelvan las alegaciones, llega a presupuestar en hasta 178 millones de euros el conjunto de medidas a desarrollar para lograr el objetivo marcado. Todo ello para actuar sobre un trazado superior a los 89,7 kilómetros de longitud, alrededor del cual se localizan 32 edificios "sensibles" y una población afectada de 54.315 personas, de las que 51.189 están sometidas a un "grado de conflicto" alto.

Sin embargo, la mayor parte de la cuantía económica marcada, con 149 millones de euros, se vincula directamente a las acciones a desarrollar para responder al problema de ruido existente en el trazado de la A-7 occidental, donde "existe un alto grado de conflicto acústico". Así lo admite el Gobierno central en una reciente respuesta parlamentaria, en la que se incluye en esta franja litoral el recorrido por Manilva, Casares, Estepona, Marbella, Fuengirola y Mijas, creando "un continuo semi-urbano, con urbanizaciones y edificaciones de todo tipo muy próximas a la vía de circulación".

"A la hora de elaborar un plan de acción contra el ruido en estas zonas, se ha considerado que éstas deben abordarse de manera integral, considerando la funcionalidad actual y prevista de la vía de circulación", exponen desde la Administración central. En este sentido, los técnicos hablan de la necesidad de efectuar reformas puntuales de la infraestructura, pequeños desvíos e itinerarios alternativos, y otras actuaciones acordes con la funcionalidad de la carretera y las zonas atravesadas. De manera precisa, en el caso de la A-7 occidental, el informe señala la necesidad de actuar sobre un tramo de 75,9 kilómetros de longitud.

En este espacio geográfico se localizan 15 edificios "sensibles", con un grado de conflicto "alto", y una población afectada de 26.852 personas. A pesar de la dimensión del problema, el Ministerio de Fomento coloca esta actuación en el puesto 700 en orden de prioridad de toda la red (este listado incluye 748 tramos). Por el contrario, este mismo ranking está encabezado por un pequeño tramo de la MA-20, de 350 metros, donde se proponen medidas de reducción de velocidad, con un coste de apenas 3.500 euros.

Este montante equivale al 84% del presupuesto global estimado para las intervenciones de esta naturaleza en todo el país. En concreto, en el programa sectorial de actuaciones integrales en zonas de diseminado urbano se contabilizan 102 zonas (81 en Galicia), con 193,4 kilómetros.

Tras los trabajos que debieran realizarse en este continuo urbano, el plan contra el ruido marca la colocación de protecciones acústicas complejas, como son las cubiertas totales o parciales de las carreteras. En Málaga, esta necesidad se detecta en cinco tramos de la A-7, con un valor total de 20,1 millones de euros.

De otro lado, recoge otra serie de acciones de menor envergadura con el fin de, "a medio y largo plazo", proceder a la instalación en siete tramos de la red viaria de la provincia de un tipo de firme que reduzca las emisiones sonoras. Una operación que, en el caso de la red malagueña, afectaría a 5,9 kilómetros, con un coste estimado de 2.057.000 euros. Desde el punto de vista económico, la necesidad es superior para la instalación de barreras antirruido en siete tramos, con 7,3 kilómetros de longitud, y un coste de casi 7,5 millones.

Otro mecanismo que permitiría mejorar las condiciones de ruido es la implantación de medidas de reducción de velocidad. Su aplicación "tiene importantes repercusiones sobre muchos factores relacionados con la movilidad, la seguridad y el medio ambiente", se destaca en el documento. Y si bien se admite que su aplicación es "técnicamente sencilla y económicamente moderada", se precisa que podría conllevar la instalación de pórticos, radares y modificaciones de las infraestructuras. En el caso de Málaga, esta propuesta tiene una incidencia leve, dado que se habla de tres zonas de actuación (con una longitud inferior a los 1,5 kilómetros) y un presupuesto de apenas 14.900 euros.