El paro del servicio del taxi tiene ya su primer balance oficial en el plano negativo. Un total de diez personas han sido detenidas en los últimos dos días como responsables de los delitos de coacciones, daños, agresiones y amenazas . La mitad de ellos estarían implicados en el incidente con Eduardo Martín, presidente de la Unauto, asociación mayoritaria de los vehículos de turismo con conductor (VTC). Algunos de los arrestados tenían antecedentes y la Policía Nacional no descarta más detenciones.

Los arrestos se producen en el marco de las casi 30 denuncias que se presentaron durante los días de paro. Cerca de 20 coches Cabify resultaron dañados y la propia empresa denunció que tres de sus conductores recibieron agresiones, lo que obligó a la marca a declararse en "disponibilidad limitada".

El sector insiste en que los VTC "no pueden captar por la calle sino ser precontratados"

Por su parte, los cuatro días de huelga en el taxi no solo afectaron a los miles de personas que se desplazaron al Real de la Feria con una opción menos para regresar a casa. El gremio ha visto como durante el paro se le ha marchado cerca de 1,5 millones de euros, lo que supone una cantidad que ronda los 260 euros por taxista cada día de trabajo en una semana que sirve de sustento para muchos profesionales del sector durante el resto del mes.

Pese a la pérdida económica, el gremio no perdió tiempo en pedir disculpas a la ciudadanía por el paro del servicio, al tiempo que pidió comprensión ya que el colectivo no puede "permitir que unas multinacionales incumplan reiteradamente la Ley con una codicia ilimitada", en referencia a Cabify. José Royón, presidente de la Asociación Unificada de Autonomos del Taxi (Aumat), volvió a insistir ayer en que los VTC "no pueden captar clientes por la calle, sino que deben esperar a que se les precontrate el servicio para recoger a sus clientes". Más inspecciones a la competencia al taxi fue uno de los compromisos que el sector arrancó de la reunión que mantuvo el miércoles con el consejero de Fomento, Felipe López. Además, la administración autonómica se comprometió por escrito a estudiar la posibilidad de conceder al Ayuntamiento las competencias sancionadoras a los VTC.

Una transferencia de poderes que "acortaría los tiempos" de recibo de la multa. En la actualidad, los taxistas se quejan de que un VTC que comete una infracción puede estar hasta seis o siete meses sin recibir la sanción correspondiente.

Sin embargo, desde el Consistorio no ven esta opción con buenos ojos. El concejal de Seguridad, Mario Cortés, opinó ayer que la propuesta de la Junta "no está bien planteada, porque parece que los consistorios somos unos mercenarios y nos movemos por dinero", en referencia al ofrecimiento de la administración regional a los consistorios de participar de la recaudación de las multas a los VTC.

Cortés considera que la mejor solución para una rápida gestión de las sanciones es que "la Junta, con los muchos recursos que tiene, agilice los procedimientos de multa y no intente desistir de una responsabilidad que le corresponde". El concejal de Seguridad cree que la mejor fórmula para la convivencia entre sectores es con la proporción de un VTC cada 30 taxis. El edil considera que el taxi "siempre debe prevalecer sobre otras alternativas de su competencia", al tener los primeros tarifas y turnos regulados por el Ayuntamiento y la Junta. Por su parte, reveló que el Área de Innovación lleva trabajando con el gremio desde hace un año para su "modernización", con ideas como cursos de inglés para los chóferes o el desarrollo de taxis eléctricos.