Los municipios retienen sin resolver 5.500 peticiones de dependientes

El desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal está pendiente de que los ayuntamientos de Málaga determinen los Planes Individuales de Atención (PIA) de cerca de 5.500 posibles beneficiarios en los que se deben fijar, de acuerdo con el grado de dependencia, los recursos sociales a los que tienen acceso.

La delegada en Málaga de la Consejería de Bienestar Social, Amparo Bilbao, indicó ayer que los equipos de la Junta de Andalucía ya han valorado en la provincia a 7.000 solicitantes, pero únicamente se han establecido medidas de apoyo para 1.580 porque falta que los trabajadores sociales de los ayuntamientos establezcan los planes para los restantes.

Hasta la fecha, la Junta ha reconocido derechos económicos para 80 solicitantes. Se trata de nóminas con alta en la Seguridad Social de entre 350 y 480 euros mensuales para familiares de personas impedidas. Para el resto se han autorizado otros recursos, entre los que figuran estancias en centros residenciales o diurnos, entre otro tipo de ayudas.

Fuentes de Bienestar Social han reconocido que la mayoría de los dependientes muestran interés por disponer de cuidadores a domicilio, en lugar de ser alojados en centros, ya sean diurnos o de residencia permanente.

La Junta de Andalucía ha planteado a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes un convenio para canalizar la ayuda a domicilio de estas personas. La consejera Micaela Navarro anunció a mediados de diciembre un primer desembolso de 15 millones de euros en la provincia para cubrir este servicio. No obstante, de los 15 ayuntamientos llamados el pasado 13 de noviembre a rubricar este convenio, ocho gobernados por el Partido Popular se negaron, bajo el argumento de que los fondos son insuficientes. Al día siguiente el Ayuntamiento de Málaga se avino a poner su rúbrica en el documento, aunque avisó de que quería incluir una adenda para que, entre otras cuestiones, se garantice que la Junta correrá con todos los gastos derivados de esta asistencia domiciliaria que refleja la Ley.

La norma recoge que los grandes dependientes cuenten con ayuda domiciliaria hasta un montante de 90 horas al mes, es decir, tres horas diarias, tiempo que es catalogado como insuficiente por los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular.

La conocida como ley de dependencia incluía para 2007 la aplicación de medidas de atención a los grandes dependientes (grado uno), mientras que para 2008 está previsto que se dé respuesta a los dependientes de grado dos.

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