Más de 800 personas refugiadas solicitaron asilo en la provincia de Málaga en 2016

  • La nacionalidad de origen que destaca es Ucrania, seguida de Venezuela, Siria y Mali

Francisco Cansino. Francisco Cansino.

Francisco Cansino. / M. H.

Málaga es la provincia andaluza que recibió en 2016 más solicitudes de asilo de personas refugiadas. Duplica el número de trámites recibidos en la segunda provincia, Sevilla 363. Así lo declara el informe anual 2017, Las Personas refugiadas en España y Europa, que presentó ayer la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear). La muestra del documento coincide hoy con la celebración del Día Internacional del Refugiado.

Respecto al origen de las nacionalidades que emiten las solicitudes en Andalucía, la mayor parte de ellas corresponden a ucranianos (650) y venezolanos (371), seguidas de las de personas procedentes de Siria (124) y Mali (102).

Francisco Cansino, coordinador de la entidad en Andalucía Oriental, junto con Carmen Rueda, del Servicio de Asistencia Jurídica, señalaron que en 2016 se batió el récord de personas que se vieron obligadas a huir de sus hogares. "El número de refugiados en el mundo aumenta hasta casi 70 millones de personas. Especialmente dramática es la situación de Siria en la que ya nadie escapa de la realidad de este país. Allí dos de cada tres personas han tenido que abandonar sus casas", señaló el coordinador. Además, Cansino alertó que en lo que va de 2017 se ha triplicado el número de llegadas a costas españolas hasta las más de 3.000, mientras que la cifra de muertes registradas es ya de 54. "En Málaga se ha producido un aumento de las llegadas sin precedentes, registrando un total de 762 en lo que va de año, triplicando los datos del mismo período durante el pasado año. No podemos seguir permitiendo que el Mediterráneo se convierta en esa fosa común que está siendo", reclamó el coordinador.

Cear reclama poner en marcha un pacto de estado por el asilo ante la dramática situación humanitaria que viven miles de personas que huyen de la guerra y la persecución en el mundo y que actualmente ven negado su derecho de obtener refugio. Igualmente, la entidad reclama el cumplimiento por parte de España de los acuerdos acogida - que ahora se sitúa en menos del 8% - , el desarrollo de un sistema de acogida más flexible y sostenible, y un plan coordinado con el conjunto de las administraciones públicas y la sociedad civil.

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