Desde hace décadas la intranquilidad y la duda forman parte indisolubre de la vida de los cientos de vecinos de la barriada malagueña de El Palo, especialmente de aquellos que habitan una de las tradicionales casas de pescadores levantadas a escasos metros de la orilla del mar. Durante todo ese tiempo, y con más intensidad en los últimos diez años, la amenaza de demolición a sobrevolado esta zona residencial. Hasta en tres ocasiones, al menos, las administraciones públicas han puesto sobre la mesa la posibilidad de que algunas de las edificaciones que forman parte de este barrio sean objeto de la piqueta. Y en todos los casos el argumento ha sido el mismo: mejorar las condiciones de permeabilidad del espacio y poner coto a los efectos que el cambio climático puede tener sobre este enclave. Sin embargo, en todos los episodios, las instituciones, ya sea el Ayuntamiento de la ciudad o el Ministerio de Medio Ambiente, dieron marcha atrás en sus pretensiones.

El último ejemplo viene reflejado en la Estrategia para la sostenibilidad de la Costa. En este informe se apunta la necesidad de derribar algunas de las viviendas de El Palo para "esponjar" la zona urbana. La sensibilidad que este tipo de intervenciones supone entre los afectados motivó la reacción inmediata de los responsables de la Dirección General de Costas, que han rechazado que esta medida vaya a aplicarse en el caso de El Palo y Pedregalejo.

Antes que la firma privada, el Ayuntamiento de Málaga ya puso sobre la mesa una iniciativa semejante. En concreto, los redactores de la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Málaga, apuntaban en el documento de planeamiento la necesidad de efectuar demoliciones selectivas para mejorar las condiciones del barrio.

La propuesta, formalizada hace un par de años, provocó una polvareda de reacciones entre los vecinos, que demandaron al equipo de gobierno del PP un cambio de planteamiento. El alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, asumió la demanda y dio marcha atrás con la medida.