J. M.O., el detenido por asestarle casi 30 puñaladas a su pareja en La Viñuela y acabar con su vida, ya fue condenado en 2012 a nueve meses de prisión por maltratar a la que entonces era su compañera sentimental. La pena, dado que carecía de antecedentes, fue suspendida por un periodo de dos años, mientras que la medida de alejamiento que se le impuso a la víctima finalizó en 2013 y, un año después, la prohibición de posesión de armas. Pero además, el investigado está pendiente de un juicio que se celebrará el próximo 21 de mayo por agredir a otra pareja. La Fiscalía lo acusa de haberle propinado dos puñetazos en la cara. Unos hechos que se remontan al 11 de mayo de 2016, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Ayer, tras conocer el historial violento que acumula J.M. O., jueces, abogados y mujeres elevaron la voz contra la demora de los procesos judiciales. El juez decano de Málaga, José María Páez, recalcó que los tres juzgados de lo penal específicos de Violencia sobre la Mujer están "sobrecargados y desbordados" y resultan "insuficientes para afrontar la avalancha de casos" de la provincia. "Estamos tardando en celebrar juicios rápidos un año, mientras que, según la ley, debería hacerse en 15 días o, en caso de demora, en uno o dos meses", aseveró el magistrado, que considera excesivos los plazos. "Son casos urgentes y no pueden esperar. Trabajamos al máximo de nuestra capacidad", apostilló. La solución, en su opinión, estriba en incrementar el número de jueces y en la creación de nuevos juzgados de Violencia sobre la Mujer.

En la misma línea se pronunció el decano del Colegio de Abogados, Francisco Javier Lara, que resaltó el riesgo que la demora de los juicios conlleva para las víctimas. "Si [el detenido] hubiera sido ya juzgado y condenado estaría en un centro penitenciario y se habría evitado esta muerte. No podemos tener una administración de justicia que funcione así, habría que exigir responsabilidades", destacó el letrado, que ve necesaria una reflexión ya que el sistema "está fallando con consecuencias gravísimas".

También la Asociación de Mujeres Víctimas de Violencia de Género de Málaga (Amusuvig) se lamentó del tiempo que "los maltratadores pasan en la calle". "Necesitamos una justicia más rápida. Están saliendo juicios a los tres y cuatro años por agresiones física y maltrato psicológico. Mientras, ellos se siguen llevando a los niños y quebrantan la orden de alejamiento. Las condenas son mínimas", destacó Ana Padial, que forma parte del colectivo de mujeres.

La denuncia por la que J. M. O., se sentará en el banquillo de los acusados se acumuló a otro procedimiento. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Málaga dictó una orden de protección y prohibición de comunicación el 13 de mayo de 2016, medidas que siguen vigentes y que no fueron quebrantadas por el investigado.

En este mismo juzgado se instruyeron unas diligencias urgentes en 2013 también por malos tratos sobre la misma mujer. La causa se sumó otras dos incoadas a raíz de nuevos atestados. El 15 de julio, según el TSJA, fueron archivadas, ya que "si bien los hechos denunciados revisten caracteres de delito, no aparece justificada la perpetración".

También existen antecedentes judiciales contra el presunto homicida en dos juzgados: el de Violencia sobre la Mujer número 1, donde se incoaron en 2015 dos causas en relación a una de las víctimas, y el de lo Penal número 13, en este caso de 2011 por agredir a otra pareja distinta. En el primero, una de las causas derivó en un juicio de faltas por injurias y la otra en diligencias urgentes por malos tratos, procedimientos que fueron sobreseídos por "la negativa de la víctima a testificar". También el Juzgado de lo Penal número 13 celebró un juicio contra el acusado por malos tratos. Fue condenado a nueve meses de prisión, aunque se suspendió al no tener antecedentes.